14 febrero, 2023

Integrantes de la tabacalera Bronway asistieron a Producción

Explicaron la situación de la empresa que se encuentra sin actividad por una legislación y disposiciones que perjudican a las pymes nacionales.

Edilas de la comisión de Producción y Promoción del Empleo recibieron el martes 14 de febrero a empresarias y a una trabajadora de la tabacalera Bronway que actualmente se encuentra paralizada por una modificación a la legislación nacional y una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). «Nos quieren hacer competir con las multinacionales», cuestionaron.

En el inicio de la reunión la presidenta de la comisión Silvana Teisa, de Todos Hacemos Rosario, informó que los beneficiarios anotados para el Programa Municipal Básico de Formación, Asistencia Técnica y Financiamiento (Promufo) iniciarán los cursos de capacitación a partir del 22 de febrero, un total de seis clases, según la anterior norma que luego fue modificada, en diciembre del año pasado.

Según explicó Julia Eva Irigoitia, del mismo bloque y autora de modificaciones, el objetivo es “no hacer demorar el otorgamiento a los beneficiarios” antes de que la norma sea reglamentada.

Del Programa «Concejales por un día» se acordó elevar un texto sobre tablas vinculado a una propuesta de alumnas y alumnos de tercer año de la Escuela Nº 3.152 “Vivir y Convivir”, para que la Municipalidad realice campañas de difusión en redes y otros medios destinadas a jóvenes a fin de promover la inserción en el mercado laboral.

A continuación, las edilas recibieron a Martina Lianza, Ana Iparraguirre y Valerie de Carlo, representantes de la firma tabacalera Bronway Tabaco S.A., empresa de capitales nacionales y locales que produce cigarrillos de bajo precio. De manera directa, la empresa cuenta con 200 empleados aunque advirtieron que indirectamente, hay 1.300 trabajadores involucrados.

Según señalaron las asistentes, la empresa actualmente se encuentra paralizada por un conflicto que involucra a una reforma de la ley Nº 27.430 (conocida como ley Massalin), que se votó en el Congreso nacional a fines de 2017, y que “redujo el impuesto por la venta de cigarrillos del 75 al 70 por ciento, pero al mismo tiempo impuso un impuesto mínimo que perjudica a las pequeñas empresas nacionales –entre las que se encuentra Bronway– ya que el tributo supera el precio de venta».

“Nosotros estábamos operando desde antes de la aprobación de la norma”, aclararon y denunciaron que en el marco del tratamiento legislativo las multinacionales hicieron lobby para que las empresas nacionales, que estaban incrementando sus ventas por los precios más bajos, debieran tributar con un impuesto mínimo, fijo y actualizable.

“Nos están obligando a competir con las multinacionales”, criticaron las presentes, quienes aclararon que frente a la ley que ya cuenta con denuncias por “inconstitucional”, existen demandas judiciales y una serie de medidas cautelares, entre las que se encuentra la de la propia firma.

De acuerdo al relato de las representantes empresariales “una posterior disposición de la Afip complicó aún más las cosas” y los obligó a paralizar la producción de la planta, ya que ante el conflicto judicial se les impidió la entrega de las estampillas necesarias para la comercialización.

Según explicó Iparraguirre, a diferencia de Bronway, otras compañías que cuentan con capitales multinacionales operan en el mercado con precios más altos. “Mientras que un paquete de Malboro se vende en los quioscos a 600 pesos, los nuestros se comercializan a entre 200 y 250 pesos, porque apuntamos a otro público”, explicó.

Ante la consulta de Caren Tepp, de Ciudad Futura, con respecto a si se estaba intentando modificar la ley a nivel nacional, Lianza informó que junto a las tabacaleras que se encuentran en conflicto, y vinculadas a la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras (Canet), trabajamos para volver al tributo del 75 por ciento inicial.

Por su parte, Norma López, del Frente de Todos-PJ, quien también participó de la reunión de este martes, informó sobre las gestiones que realizó ante la Afip para lograr que se habilite nuevamente la entrega de estampillas y así regularizar la comercialización. También recordó que la ley en cuestión se aprobó en un momento muy conflictivo en la Cámara de Diputados, cuando también se trataba la modificación de la ley previsional. “Lo importante es igualar las condiciones del mercado y garantizar los puestos de trabajo, más allá del derrotero judicial”, opinó.

Martínez consideró que, si bien el Concejo no tiene jurisdicción en el conflicto en sí mismo, es importante transmitir un mensaje para hacer de puente frente a la Afip, más allá de la cuestión judicial, y así preservar el empleo.

El conflicto alcanzó estado público la semana pasada, cuando trabajadores y empresarios se manifestaron frente a la sede local de la Afip y los Juzgados Federales, en Entre Ríos y Tucumán.

Asistentes

La reunión que se realizó en el Anexo «Alfredo Palacios» estuvo presidida por Silvana Teisa, de Todos Hacemos Rosario, e integrada también por Julia Eva Irigoitia, del mismo bloque; Nadia Amalevi, de Arriba Rosario; Ana Laura Martínez, de Unión Pro-Juntos por el Cambio; Caren Tepp, de Ciudad Futura. Además, participó Norma López, del Frente de Todos-PJ.