Los ediles cuestionaron la decisión del secretario de Gobierno municipal sobre el destino de 60 millones de pesos.
Para los ediles Martín Rosúa y Lorena Giménez, de los bloques UCR 1983 y Compromiso Social, respectivamente, la decisión del titular de la Secretaría de Gobierno, Gustavo Leone, de destinar 60 millones de pesos de la partida general de Obras Públicas para evitar el aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros, «es desacertada».
Tanto para Rosúa, como para Giménez Belegni, “utilizar esta partida significa seguir postergando las obras de infraestructura básicas y necesarias para los barrios. Además, se sigue perjudicando a los sectores más necesitados de nuestra ciudad”.
“Sólo se genera un parche en el problema del costo del boleto del transporte, y siguen sin proponer las alternativas de financiación necesarias para engrosar el Fondo Compensador del Transporte. Una mala decisión por donde se la mire”, indicaron Rosúa y Giménez Belegni en un comunicado de prensa.
A raíz de ello, le pidieron al Departamento Ejecutivo que informe sobre el monto específico que se pretende desviar de Obras Públicas al Fondo Compensador del Transporte, partidas afectadas, y detalle de obras que se verían afectadas por la decisión.
“Para nosotros el plan de obras para los barrios periféricos de la ciudad debe ser absolutamente intocable. Nunca puede ser esta una variable de ajuste para resolver problemas financieros que genera el déficit de la propia administración del municipio”, señalaron los concejales.
Comparativamente, dan cuenta los ediles, que con 57 millones de pesos que el Fondo Municipal de Obras Públicas tiene destinado para el 2017, se podrían concretar 20 cuadras de pavimento definitivo.
Asimismo, expresan Rosúa y Giménez Belegni, que «el aumento de la tarifa del boleto no puede constituirse en una alternativa para paliar el déficit entre el costo del sistema y el valor que abonan los usuarios».
Por último, declararon que el anuncio del funcionario de Gobierno “responde a una decisión política demagógica para evitar el costo político de un aumento del transporte urbano de pasajeros en pleno proceso electoral y que, por una decisión cortoplacista de este tipo, la Municipalidad no puede restarle a los ciudadanos la calidad de vida que la realización de obras le debe otorgar”.