13 noviembre, 2017

Se prohibirá el uso glifosato en la ciudad

La propuesta, obtuvo despacho definitivo en la reunión de la comisión de Salud, y en la que se trataron varios expedientes. 

La reunión del lunes 13 de noviembre estuvo presidida por su titular, Agustina Bouza, de Unión PRO Federal, junto a Osvaldo Miatello, de Compromiso con Rosario; Pedro Salinas, de Ciudad Futura; Carlos Cossia, del Peronismo Solidario, y Norma López, dle Frente para la Victoria. Además, estuvo presente Celeste Lepratti, del Frente Social y Popular.

Con el visto bueno de la comisión de Ecología se dio despacho a un proyecto de ordenanza de Miatello y Salinas para prohibir el uso del herbicida glifosato en todo el municipio.

Además, reunió firmas la iniciativa de Daniela León, de Unión Cívica Radical, vinculada a juegos infantiles en plazas y parques, en tanto deberán estar sujetos a normas de accesibilidad, uso y seguridad.

Se dio proveído favorable con pase a Presupuesto a un proyecto de Aldo Poy, del Partido Demócrata Progresista, para la instalación de gimnasios a cielo abierto, ubicados en determinados  espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva en los barrios.

Prácticas médicas y objeción de conciencia

Acompañados por Lepratti, a la reunión asistieron Majo Gerez y Luciano Fabri, integrantes de la organización Mala Junta, quienes solicitan que se confeccione un listado de profesionales inscriptos en el Registro de Objetores de Conciencia, con el objetivo de garantizar la información y las diversas prácticas en todos servicios de salud pública municipal.

“Sabemos que el registro no está funcionando en Rosario ni en la provincia, y pretendemos que no sólo abarque a las prácticas vinculadas al aborto no punible y la contracepción, sino a aquellas que se deben garantizarse para la población LGTB; y además abarquen a los servicios de medicina general y de familia”, indicaron.

“En el Hospital Iturraspe, de la ciudad de Santa Fe, un equipo entero se manifestó como objetor de conciencia. Y, en esos casos, el Estado debe garantizar el traslado del personal que sí realice las prácticas, porque sino los pacientes deben movilizarse a otras localidades, como allí está ocurriendo”, apuntó Fabri.

“Los pacientes tienen que tener la información sobre quienes no realizan determinada práctica y a quienes pueden acudir que sí las hacen. Hay que evitar la revictimización”, plantearon.

López acordó con la propuesta, aunque solicitó un tiempo más de estudio, sobre todo para identificar que ese derecho a la información no esté incluido en otras de las normas aprobadas por el cuerpo y que refieren a esos servicios y la objeción del conciencia.