La evaluación se realizó en una reunión conjunta de las comisiones de Planeamiento y Urbanismo y  de Gobierno.

La reunión fue presidida por la titular de la primera de las comisiones aludidas, la edila María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular (IP),  oportunidad en la que asistió  el presidente del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat (SPVyH), Manuel Sciutto.

En el inicio de la convocatoria Gigliani adelantó al resto de los ediles que en la próxima reunión está previsto que asista el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Héctor Floriani.

Seguidamente Sciutto brindó un exhaustivo análisis de las tareas correspondientes a las etapas de los trabajos  a encarar. En ese sentido hizo referencia  a la división de los trabajos en módulos de 1 año de ejecución, así como a que el proyecto total  se concretará totalmente en  un lapso de 3 años.

“La idea es avanzar en la construcción de viviendas antes de que se avance en otras obras. Dos licitaciones ya han sido abiertas y hoy se abre la tercera. Hay que dejar claro que hay tareas que pueden llevarse a cabo  sin trasladar a las familias”, agregó el ex concejal Sciutto.

El funcionario agregó que “estamos dialogando con 3 familias del sector sur y con otras 3 de otra zona. Paralelamente en el área a mi cargo se trabaja con los vecinos a los que abonamos los alquileres temporarios hasta que se los instale definitivamente en una nueva vivienda, mientras que con otras dos familias, lamentablemente, tenemos que esforzarnos para dialogar”.

En su resumen del plan de trabajo que está llevando adelante, Sciutto aclaró que “hay una propiedad sujeta a expropiación. La misma pertenece a un privado, aunque el ocupante de la propiedad es otra persona. De todas maneras debo dejar claro que no hemos tenido situaciones de conflicto en las visitas que realizamos a las familias y el día que se produjo un entredicho –el pasado martes 15 de mayo-, no efectuamos ninguna mudanza”.

Sciutto aclaró debidamente que “hubo un intento de mediación, pero los vecinos no concurrieron y la fiscal interpretó que su gestión había concluido. De todas maneras debo aclarar que cada situación familiar es particular y por ello se arbitran todos los medios posibles para llegar a una conciliación. Es esa la razón por la que escuchamos todas las exposiciones de los vecinos, ya que algunas son más sólidas que otras y, por ende, sus  pretensiones son distintas, incluso hay familias que tienen, junto a su propiedad, en su interior, un pequeño negocio instalado y esa situación es tenida en cuenta”.

El funcionario municipal dejó claro que  hay una negociación no concluida  relacionada con una casilla existente sobre calle La Paz y de inmediato subrayó: «Este es un proyecto que involucra a mil familias y el análisis más meticuloso para encontrar una solución ante un conflicto sólo involucra a seis. Entiendo que alguna familia pueda sentirse presionada pero hacemos lo indecible para revertir cualquier conflicto. Incluso hemos tenido reuniones en el Centro de Salud y domiciliarias”.

“Incluso hemos participado de la conformación de una mesa de análisis mensual que actualmente se discontinuó. Entiendo que el conflicto se terminará concluida la etapa de ocupación”, refirió el titular del SPV y H.

Aclaró Sciutto que “en lo técnico no intervino la UNR, pero puede dar respuesta en temas específicos que se consideran más sensibles”.

Otras voces

La reunión prosiguió con la posición del concejal Horacio Ghirardi, del bloque Socialista, quien señaló que “habría que comenzar a pensar en usos compartidos”, mientras que el edil Eduardo Toniolli, del Partido Justicialista (PJ), consignó que hay “predisposiciones  que se contraponen contra la realidad física”.

Toniolli pidió la concreción de procesos de negociación, tanto individuales como colectivos, para contener el mayor porcentaje de interesados en abortar este  proceso, y «una forma de lograr consensos es el de resolver la regularización de viviendas y la aceleración de los trabajos complementarios que no impliquen la necesidad de trasladar habitantes”.

A todo esto, la edila Norma López, del Frente para la Victoria-PJ,  comunicó que desde su bloque se tomó contacto con dirigentes del Club Unión y Fuerza –radicado en la zona-, y en razón de ello, como resultante, bregó por que «se trabaje considerando especialmente la situación de los niños  que hacen deporte en la zona intervenida pidiendo el sostenimiento de las canchas de fútbol existentes”.

Pidió, además, que la UNR se agregue a la mesa  de gestión “para fortalecer el trabajo conjunto”.

A su turno la presidenta de la comisión de Gobierno, María Eugenia Schmuck, del bloque Radical,  solicitó el aporte mayor de la Intendencia para regularizar la situación de viviendas en la zona.

Martín Gómez, vecino de la zona,  requirió a los funcionarios involucrados en la temática, que se haga lo indecible “para mantener los espacios deportivos, ya que son utilizados para sacar a los chicos de la droga. Tenemos 80 familias con niños dedicados al deporte y nos van a dejar una sola cancha para 11 jugadores, que siempre está ocupada”.

Tras escuchar a Gómez, Sciutto agregó puntualmente: “La UNR debe compartir espacios, ya que nadie piensa en reducir los espacios sociales del barrio sobre el que se hace esta intervención a favor de los vecinos”.

Sobre el final de la reunión, la edila Celeste Lepratti, del Frente Social y Popular, consultó a Sciutto si tenía conocimiento de la presentación  de un recurso de amparo por parte de los vecinos.

El  presidente del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat afirmó que “hasta hoy no recibí notificación judicial alguna en ese sentido. Si se mantuvo diálogo con dos fiscales, uno dedicado a la mediación y otro que entiende en cuestiones de flagrancia. La mediación tiene que ver con cuatro vecinos radicados en una misma manzana”.

Junto a los ediles mencionados, participaron de la convocatoria, los legisladores locales Agapito Blanco, Germana Figueroa Casas y Carlos Cardozo, de Cambiemos; Andrés Giménez y  Marina Magnani, de Unidad Ciudadana, y Juan Monteverde, de Ciudad Futura.