11 septiembre, 2018

Comité Nacional contra la Tortura

Se reunieron algunos de sus miembros con concejales de la comisión de Derechos Humanos para evaluar casos de violencia institucional.

La reunión del martes 11 de septiembre estuvo presidida por Celeste Lepratti, del Frente Social y Popular. La integraron Norma López, del Frente para la Victoria-PJ; Agustina Bouza y Agapito Blanco, de Cambiemos; Enrique Estévez, del bloque Socialista; y Pedro Salinas, de Ciudad Futura.

Por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura asistieron su presidente, Jorge D’Agostino, y los integrantes Rocío Alconada Alfonsín, Silvina Cantero y el criminalista rosarino Enrique Font.

En principio, López explicó y reconoció el trabajo que se viene desarrollando desde la comisión de Derechos Humanos “en cuanto a lo que significa la violencia institucional y la necesidad de hacerla visible”. También señaló que “en la provincia hay cada vez más casos y el accionar de la Justicia no alcanza a esclarecerlos”.

También se refirió a los lugares de detención de la ciudad, entre ellos el Instituto para la Recuperación del Adolescente (Irar) por “las condiciones de detención”; y cuestionó el programa de protección de testigos.

Tanto D’Agostino como Font solicitaron a los ediles información sistematizada sobre los casos comentados, en tanto evaluaron “la necesidad de registrar y contar con el máximo de información para intervenir”.

Al respecto, Lepratti expresó que se aportarán los expedientes sobre pedidos de informes, declaraciones y visitas que se vienen registrando en el marco del funcionamiento de la comisión .

Cantero y Alconada Alfonsín solicitaron incorporar casos vinculados a personas que se encuentran internadas en institutos psiquátricos o de recuperación, porque “aún sin condena, muchas veces hay personas que se encuentran confinadas de por vida” a situaciones de encierro.

Otra consulta que formuló D’Agostino se refierió al trato y desempeño de las fuerzas de seguridad nacionales como Gendarmería y Prefectura –más allá del accionar de la policía provincial– porque, según apuntó, “existen serias denuncias presentadas en otras ciudades como Santa Fe y otras ubicadas en zonas de frontera”.

A fines de 2017 se constituyó el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, órgano rector del Sistema Nacional para la Prevención de Tortura y Otros Tratos o penas crueles, Inhumanos o Degradantes, establecido por la ley N° 26.827 y según lo señala la Organización de Naciones Unidas.

El Comité genera un monitoreo, control y seguimiento de lugares de detención donde se encuentren personas privadas de libertad, tales como establecimientos penitenciarios, alcaldías, instalaciones de fuerzas de seguridad y comisarías, entre otros.