30 noviembre, 2020

Derechos Humanos recibió al secretario de Asuntos Penitenciarios

La audiencia fue en el marco de la reunión de comisión, donde se abordaron problemáticas del sistema carcelario de Santa Fe.

En la actual modalidad virtual estuvieron presentes la presidenta de la comisión, Susana Rueda, de Rosario Progresista; la vicepresidenta, Jesica Pellegrini, de Ciudad Futura-FSP, y también Norma López y Alejandra Gómez Sáenz, del Frente de Todos-PJ.

Al comienzo, Rueda presentó a Walter Gálvez, secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia.La presidenta de la comisión explicó que existe un proyecto de un particular donde manifiesta preocupación por la superpoblación carcelaria, lo que derivó en este pedido de audiencia para conocer detalles de la situación actual.

Infraestructura y superpoblación.

Por su parte, Gálvez aseguró que en las unidades penitenciarias es muy complejo todo en sentido de infraestructura. La provincia de Santa Fe tiene 5.758 plazas y las más grandes son la número 1 Coronda, con 80 años de antigüedad, la unidad número 2 Las Flores con 40 años, y la número 11 de Piñero que es una de las más nuevas con 2.050 presos, con aproximadamente 600 presos de más.  

El funcionario continuó: “Esta realidad data de tiempo y se ha multiplicado de manera impresionante. La población carcelaria  era 2.800 internos en 2007, superó los 3.300, 3.500 en 2014, y hoy tenemos 6.600 internos. Eso hace que las construcciones carcelarias demoran mucho tiempo en realizarse por lo que vamos a estar en una cifra cerca de los 1.000 interno de más”.  

También informó: “En lo inmediato aceleramos la construcción de la nueva Unidad 3 en el Complejo Penitenciario de Rosario y que tiene capacidad para 325 internos. Esto va a descomprimir a Piñero, donde además están los de altos perfiles, que son los personajes más peligrosos. En febrero nos entregan esa unidad”.

Acotó el secretario de Asuntos Penitenciario que: «Empezamos algunas gestiones pero estamos bloqueados por habeas corpus colectivos, que son entendibles, pero que la realidad es otra. Pensamos en algunos pabellones donde hay ofensores sexuales o de los llamados evangélicos, colocar tres por celda para no tener los internos dando vuelta por la unidad hasta encontrarles un lugar.  

Frente a la realidad respecto a la infraestructura, se está licitando para fin de año la obra del último pabellón que tiene que construirse en el complejo penitenciario de Rosario para 325 internos. Allí además ya se encuentran la Unidad N° 5 de Mujeres, la Alcaidía Regional y la nueva Unidad N°3.  También se licitaron patios y centros recreativos en Las Flores y en breve en Coronda.

Construcción de una prisión federal

Según el secretario, “es muy importante la construcción de la cárcel federal de Coronda. Que podemos tener entre un año y medio o dos con capacidad para 460 internos”. La misma es de última generación con tecnologías avanzadas donde se prevé alojar a delincuentes vinculados a causas de narcotráfico, contrabando, es decir delitos federales. “Tenemos un convenio de 100 internos con el gobierno nacional, pero alojamos a casi 500”, precisó Gálvez.

Coronavirus en las cárceles.

Según los datos vertidos por el secretario existieron 85 casos totales de internos con Covid-19 positivo y actualmente sólo 2 activos. En el caso de los agentes del Servicio Penitenciario la cifra arrojó 600 casos y a hoy solo se registran 30, sin ningún fallecido en ambos casos.

Ronda de consultas.

A su turno, Pellegrini indagó sobre las condiciones de detención y el uso de teléfonos para la comunicación.

Antes de avanzar en lo solicitado, Gálvez explicó que en cada unidad penitenciaria había alguna herramienta parecida al Zoom para que no se demoren las audiencias, “esto lo menciono porque en Piñero había un solo espacio para 5 módulos. Es una prueba que está funcionando muy bien”.

Uso de telefonía celular

En relación a los teléfonos el funcionario reconoció que es toda una preocupación: “Cada pabellón tiene un teléfono que está vinculado a fiscalía, pero sobre el caso de los celulares, en esta pandemia tuvimos algunos pedidos de los defensores para que puedan tener comunicación con los familiares”.

Asimismo Gálvez mencionó que en pabellones de altos perfiles la comunicación es peligrosa, «por eso tenemos inhibidores, y también otra solución es requisando», marcó.

Sobre esto último, valoró la importancia de incorporar tecnología: “Las debilidades son las puertas de las unidades penitenciarias. Hoy el ingreso del personal es con una requisa que hace un compañero de trabajo y obviamente ahí hay filtraciones. Hace un mes y medio una tercer requisa detectó un pan de marihuana, lo que da a entender una red de comercialización”.  El funcionario explicó que un celular dentro de las cárceles puede alcanzar un precio elevado y contó que “en Piñero no ingresan ‘palomas’ por estar asegurado el perímetro. Este sistema se usa como ‘boleadoras’ donde se alquilan casas o terrazas de los alrededores para con una media con peso tirar dentro de las cárceles para ser recogida por algún agente o interno”.  

Sistema penitenciario y género.

La concejala López, consultó sobre problemáticas específicas de género en las cárceles de mujeres y la convivencia con niños.

El funcionario detalló que se implementaron decisiones como designar directoras mujeres al frente de algunas unidades y además informó que hay un proyecto de ley para equiparar los mismos grados de jerarquía para la política de accenso.

Por otra parte, sostuvo que al principio se dictaron prisiones domiciliarias para poder estar con los hijos. Asimismo indicó que » no tenemos problemas de superpoblación en las unidades de mujeres».

También consignó que se inauguraron espacios recreativos y lactarios para internas y empleadas penitenciarias, y se contrató una nutricionista para la alimentación de los niños y niñas.  

En los tramos finales de la reunión, Rueda preguntó sobre presupuesto asignado para este año.

Gálvez, puntualizó que para obras públicas hay 700 millones de pesos disponibles y aseguró que no existen mayores dificultades en cuanto al dinero, sino que «lo que más complica es el abordaje de las drogas y las comunicaciones. Esto se debe afrontar con equipamiento, tecnología y grupos de operaciones especiales que no dependan del Servicio Penitenciario”.

Adicciones de los reclusos.

Otro cuestionamiento de Rueda fue sobre el tratamiento de las adicciones.

Respecto a esto Gálvez reconoció que el nivel de adicción es altísimo y hoy además bajó considerablemente la edad de los internos que promedia los 22 ó 24 años. Hace una década era de 30 años. “La población penal es joven y tiene la cabeza destruida. Sin un tratamiento toxicológico dentro de 5 años cuando salgan los jóvenes que tenemos el nivel de reincidencia será terrible”, alertó.

Escolaridad de los reclusos.

Por último, la presidenta de la comisión exploró sobre la posibilidad que tiene un recluso de acceder a completar sus estudios.

Gálvez precisó que este año de pandemia no se ha podido avanzar en los convenios que se tienen con las universidades porque en todo el 2020 se usaron los espacios tecnológicos para el desarrollo de las audiencias judiciales. “Para ellos es muy importante la capacitación o terminar la escolaridad obligatoria para sumar puntos para su libertad”.

Al finalizar, Rueda advirtió que «sin dudas estamos muy lejos de cumplir con el objetivo de la rehabilitación, si el problema fundamental es la adicción». Sin más la presidenta de Derechos Humanos cerró la audiencia agradeciendo la participación del secretario  de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe.