Un padre asistió a la comisión de Derechos Humanos para argumentar sobre el proyecto que impulsa a nivel municipal.

La reunión del martes 21 de mayo se realizó en el Anexo II «Alfredo Palacios» y estuvo presidida por Celeste Lepratti, del Frente Social y Popular. Asistieron Agapito Blanco y Agustina Bouza, de Cambiemos; María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Enrique Estévez, del bloque Socialista, y Jesica Pellegrini, de Ciudad Futura.

Ariel Vijarra expuso los fundamentos sobre su propuesta para crear una oficina de información, contención y ayuda al adoptante que plantea organizar bajo la órbita de la Municipalidad.

En su relato, dio cuenta de los obstáculos que deben atravesar las familias adoptantes, los mismos que debió atravesar para adoptar a sus hijas.

También se refirió al Registro Único de Aspirantes con Fines Adoptivos (Ruaga). “Hace falta acompañar a las familias, son tiempos muy largos y los futuros padres tienen que transitar por entrevistas muy incisivas, por eso necesitan contención”, expresó.

Además, explicó que “si bien se dice que es gratuito, en el proceso de adopción es importante contar con un letrado para cuando el juez te convoque” y que los honorarios de un abogado “cuestan 60 mil pesos”.

Estévez consideró que, al tratarse de una problemática como la adopción, el municipio no tiene incidencia directa. “La Municipalidad no se puede hacer cargo de todo”, expresó. Sí se comprometió a analizar el proyecto, entendiendo que se trata de “una problemática que hay que debatir”. En ese sentido, consideró que “se deben realizar consultas con los diputados y funcionarios provinciales”.

Por su parte, Blanco propuso realizar entrevistas con los funcionarios del Ruaga para analizar una implementación bajo esa órbita.

Gigliani explicó que “las organizaciones no gubernamentales impulsan proyectos, acompañan, pero que, a la hora de ejecutarlos, el municipio designa a los funcionarios” responsables de esa área. Su respuesta fue en referencia a que en la reunión, Vijarra manifestó su interés por liderar la oficina que propone.

Lepratti, por su parte, manifestó su compromiso por seguir escuchando a los padres adoptantes.

En la reunión, los ediles analizaron una declaración presentada por Lepratti para repudiar el uso de pistolas Taser, anunciado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para las fuerzas de seguridad.

Pellegrini, puso en consideración un proyecto de declaración de su autoría para que el Concejo lo trate sobre tablas. Se trata de una declaración para que se reinicie el juicio de lesa humanidad por la causa Klotzman que fue suspendido una vez más el año pasado.