Se trata de la empresa cuyo nombre de fantasía es Social Card y que utiliza artimañas dirigidas a personas que cobran pensiones o asignaciones sociales.

La jefa de la Oficina Municipal del Consumidor, María Julia Bonifacio, advirtió sobre numerosas denuncias recibidas por vecinos que aseguran haber sido engañados por la empresa Social Card, porque les vendió “un servicio a base de contratos repletos de cláusulas abusivas”.

Según manifestó, “la empresa aduce que presta una ayuda social, creando confusión en el potencial cliente, y estableciendo un sistema fácil de contratar pero prácticamente imposible de lograr la baja del servicio”.

«Por lo general la metodología de cobro es a través de un sistema de adhesión a un débito automático en las cuentas donde se perciben las pensiones sociales y asignaciones. También se detectaron denuncias por estafas en las ciudades de Salta y Mar del Plata», apuntó Bonifacio.

La modalidad comercial se realiza en las zonas de aquellos bancos donde se cobra este tipo de beneficio. Allí, valiéndose de diferentes acciones y manipulaciones, terminan induciendo al consumidor a contratar el servicio mediante pago por débito automático.  En otros casos, se presentan personalmente en la casa de los posibles clientes cobrando directamente las cuotas en efectivo. “Vale destacar que todas estas  personas damnificadas se encuentran expuestas por sus condiciones sociales y son avasallados en sus derechos individuales”, puntualizó la funcionaria.

Bonifacio remarcó que se trata de «un contrato de adhesión redactado por la propia empresa donde se advierten diversas cláusulas abusivas,  pasibles de ser declaradas nulas ya que colocan al consumidor en situación de desprotección absoluta».

Analizando las condiciones, se ha detectado que una de ellas le impide al cliente la facultad de rescindir el contrato durante seis meses, caso contrario deberá abonar las seis cuotas, por tratarse de lo que llaman: “un tiempo mínimo de vigencia”. “Esto provoca un desequilibrio significativo de los derechos y obligaciones entre las partes, en claro perjuicio del consumidor”, explicó Bonifacio.

Otra cláusula «abusiva» que desvirtúa los derechos del consumidor es  la que establece la posibilidad de modificar las condiciones contractuales,  sin notificar ni solicitar el consentimiento del cliente, y además se faculta a la empresa a transferir la cartera de clientes a otra entidad. También se genera de forma automática la prórroga del contrato, salvo que el usuario informe su voluntad en contrario, para lo cual debe realizarlo con 60 días de anticipación, y con la única posibilidad de rescindirlo una vez transcurridos los seis meses mencionados con anterioridad.

En definitiva, afirmó la jefa de la Oficina Municipal del Consumidor, «nos encontramos con un contrato que presenta un cúmulo de clausulas excesivas, que tiene como un único fin el de provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor».

“Por ello, desde la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario queremos alertar sobre esta práctica abusiva a los ciudadanos y alentar a todos aquellos que se consideren damnificados por esta empresa, a que se acerquen a nuestra área para hacer la denuncia correspondiente”, finalizó Bonifacio.