Entre otras cuestiones los ediles aprobaron la creación de un Subprograma de Asesoramiento y Asistencia a Víctimas de Usurpaciones y, de igual modo, del Banco de Materiales de Rosario.
Igualmente se votó un decreto que requiere se estudie la colocación de alcohol en gel en las unidades del transporte urbano de pasajeros y una resolución que crea en el ámbito del Concejo una Mesa de Políticas para Personas con Discapacidad
Se aprobó asimismo un pedido de informes vinculados a agentes de control, admisión y permanencia en el boliche “Ming” y otro pedido sobre el cumplimiento de ley nacional Nº 24.308.
También se dio curso a pedidos de informes sobre el Fondo Especial de Discapacidad, respecto a la Dirección de Justicia Penal Juvenil, y sobre unificación de organismos de control. En otro orden piden el cumplimiento de un decreto sobre la relocalización del Club Valencia.
Asistencia a Víctimas de Usurpaciones
Del edil Roy López Molina, de Cambiemos, a quien acompañaron sus pares de bancada, Agapito Blanco y Renata Ghilotti, se votó la creación de un Suprograma de Asesoramiento y Asistencia de Víctimas de Usurpaciones por parte de Organizaciones Delictivas Complejas, el que funcionará en el ámbito de la Dirección de Empoderamiento y Asistencia a la Víctima.
Se determina que tal Subprograma “prestará colaboración gratuita a toda persona y/o grupo familiar que necesite de él para un efectivo acceso a la justicia y la protección de su vivienda”.
En su intervención el concejal López Molina recordó que originalmente había planteado la creación de un Centro de Asesoramiento, pero a partir de una propuesta de la concejala Caren Tepp, de Ciudad Futura-FSP, se transformó en Programa en el ámbito de la Dirección de Empoderamiento y Asistencia a la Víctima, y como sugerencia de la edila Verónica Irizar, del bloque Socialista, se lo crea como Subprograma.
Indicó el concejal López Molina que la intervención será gratuita y a partir del pedido de los afectados; igualmente marcó que se podrá plantear la intervención ante la justicia como “amicus curiae” e hizo referencia a que en el 2019 se efectuaron unas 100 denuncias sobre usurpaciones a partir de “amenazas, incendios en los frentes de las viviendas o balaceras”, que entre otras ocurrieron en los barrios Nuevo Alberdi, Zona Cero, Santa Lucía, Tiro Suizo o Villa Flammarión.
El edil Eduardo Toniolli, de Frente de Todos-PJ, efectuó una “observación” para que exclusivamente se atienda las usurpaciones de “bandas narcos” y acotó que “no impugnamos el proyecto”.
Propuso la edila Tepp incorporar “organizaciones delictivas complejas” al nombre del Subprograma; mientras que su par de bancada, Pedro Salinas, dijo que la preocupación de Toniolli estaba salvada con la ordenanza que crea la Dirección de Empoderamiento y Asistencia a las Víctimas, y mencionó que quienes se ven afectados “están casi resignados”, para indicar que con esto “ganará un grado mínimo de visibilidad”. Asimismo acotó que los afectados “piden que le demos un pedacito de Estado”.
Se refirieron asimismo al tema las concejales Norma López, del Frente de Todos-PJ, y María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular.
Banco de Materiales Rosario
Del edil Fabrizio Fiatti, de Creo, a quien acompañaron la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck; Susana Rueda, de Rosario Progresista, y Mónica Ferrero, del bloque Socialista, se votó una ordenanza por la que se crea el Banco de Materiales de Rosario, en el ámbito de la Subsecretaría de Hábitat municipal, “el que estará conformado por materiales nuevos o usados, sobrantes de obras de construcción o recuperables de demoliciones, instalaciones, amoblamientos en desuso para vivienda, y otros elementos en buen estado que decidan ser donados por empresas de construcción, demoliciones, instituciones, corralones y demás particulares en beneficio de familias y personas con dificultades habitacionales”.
Se plantea que serán beneficiarios del Banco de Materiales de Rosario “todas aquellas familias y personas de escasos recursos que soliciten sus servicios, y cumplan con los criterios de intervención definidos por el Programa de Emergencia Habitacional”, y a propuesta de la edila María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, se crea un “registro de aspirantes para un acceso equitativo”.
Explicó el proyecto el edil Fiatti.
Alcohol en gel en el transporte urbano
Del edil Aldo Pedro Poy, del Partido Demócrata Progresista, al que se sumó uno similar de Ana Laura Martínez, Carlos Cardozo, Alejandro Rosselló y Germana Figueroa Casas, de Juntos por el Cambio, se dio curso a un decreto que encomienda al Departamento Ejecutivo que “estudie la factibilidad de colocar un dispenser de alcohol en gel o alcohol diluido al 70 por ciento, tanto al ingreso como al egreso de las unidades del transporte urbano de pasajeros y como medida de profilaxis contra el Covid-19”.
Sobre el tema se refirieron el concejal Poy, que recordó que lo había presentado a los pocos días de declarada la pandemia; Martínez, y Susana Rueda, de Rosario Progresista.
Mesa en el Concejo sobre Personas con Discapacidad
De la concejala Daniela León, de la Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio, junto a Alejandra Gómez Sáenz, del Frente de Todos-PJ, se votó una resolución por la que se crea en el ámbito del Concejo la Mesa de Política para la Inclusión de Personas con Discapacidad “con el objetivo de lograr una mejor articulación de este cuerpo con las organizaciones de la sociedad civil, en especial las organizaciones no gubernamentales de y para las personas con discapacidad en pos de promover y lograr su participación plena y la igualdad de oportunidades y derechos en todos los ámbitos de la vida social de nuestra ciudad”.
En tanto de la edila María Luz Olazagoitía, junto a sus pares de Ciudad Futura-FSP, Jesica Pellegrini, Caren Tepp y Pedro Salinas; Andrés Giménez, de Unidad Ciudadana, y Gómez Sáenz se aprobó una resolución en la que se establece que tal Mesa “contemplará la discusión para el acceso a derechos establecidos por las normativas existentes y la creación de nuevas iniciativas en la materia”.
Propicia como objetivos realizar un seguimiento acerca del cumplimiento de la normativa existente en la materia; trabajar en la creación y planificación de políticas públicas necesarias para garantizar el acceso a derechos a las personas con discapacidad: accesibilidad, autonomía, trabajo, educación y cultura, salud, transporte y comunicación, y propicia establecer un “espacio transversal a las distintas comisiones existentes dentro del cuerpo legislativo municipal, el cual trabajará en vinculación con las mismas en proyectos en la materia, fortaleciendo el protagonismo de las personas con discapacidad en el diseño y seguimiento de políticas públicas”.
Sobre el tema hablaron las concejalas León y Olazagoitía.
Sobre el boliche “Ming”
De la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana se votó una minuta de comunicación por la que se le solicita al Departamento Ejecutivo informe sobre la fiscalización efectuada al boliche “Ming” del 2 de diciembre del 2018, por parte de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana y ante falencias detectadas en los certificados que deben presentar los agentes de control admisión y permanencia (acap), los habitualmente denominados “patovicas”, si el local recibió algún tipo de sanción.
De igual modo se consulta si se efectuaron controles posteriores y si fuera negativa, se expliquen las razones.
El concejal Roy López Molina que preside la comisión expresó el tema que surge a partir de la muerte de Carlos “Bocacha” Orellana, en febrero pasado.
Sobre trabajadores de la Dirección Penal Juvenil
Tras un extenso debate se aprobó de manera unánime un decreto elaborado en el ámbito de la comisión de Derechos Humanos por el que se encomienda al Departamento Ejecutivo gestione el cumplimiento de uno anterior de marzo pasado y, por otra parte, y respecto a igual temática se requieren conocer diversos aspectos con relación a la situación de 30 trabajadores contratados de la Dirección de Justicia Penal Juvenil del gobierno provincial.
Hicieron referencia al tema la presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Susana Rueda, de Rosario Progresista; María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Norma López, Eduardo Toniolli y Alejandra Gómez Sáenz, del Frente de Todos-PJ; Marina Magnani, de Unidad Ciudadana; Verónica Irizar y Lorena Carbajal, del bloque Socialista; Jesica Pellegrini, de Ciudad Futura-FSP, y Daniela León, de la Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio.
Concesiones para personas con discapacidad
De la concejala Norma López, del Frente de Todos-PJ, se aprobó un decreto que encomienda al Departamento Ejecutivo que informe sobre el cumplimiento en el ámbito de la ciudad, en los organismos públicos, entes descentralizados y autárquicos, empresas mixtas y del Estado y en las empresas privadas que brinden servicios públicos, de la ley nacional Nº 24.308, que plantea la concesión a personas con discapacidad de espacios para pequeños comercios.
Predio para el Club Valencia
Del concejal Carlos Cardozo, de Juntos por el Cambio, se dio curso a un decreto que encomienda al Departamento Ejecutivo el cumplimiento del decreto Nº 2.191/17, en el cual la Municipalidad de Rosario “se compromete a gestionar un predio apto para el desarrollo de sus actividades sociales y deportivas al Club de Fútbol Infantil Valencia».
Sobre posible unificación de organismos de control
Del edil Roy López Molina, de Cambiemos, a quien acompañaron Pedro Salinas, de Ciudad Futura-FSP; Carlos Cardozo, de Juntos por el Cambio, y Susana Rueda, de Rosario Progresista, se votó una minuta de comunicación en la que el Concejo Municipal solicita al Departamento Ejecutivo y con relación a “la unificación de organismos pertenecientes a la Secretaría de Control y Convivencia, ponga a disposición del cuerpo, de existir, el proyecto elaborado, indicando posibles plazos, etapas, plan de trabajo e ideas generales, a los fines de analizar, aportar y colaborar en las distintas propuestas desarrolladas”.
A partir de una resolución en tanto se resolvió invitar a la secretaria de Control y Convivencia, Carolina Labayru, para dialogar sobre diversos temas de su área en el ámbito de la comisión de Control, Convivencia y Seguridad.