La propuesta legislativa de la edila María Luz Ozalagoitía contempla la obligatoriedad y fue acompañada por las concejalas Caren Tepp y Jesica Pellegrini, de Ciudad Futura-FSP.

La concejala María Luz Olazagoitía, junto a sus pares de bancada, de Ciudad Futura-FSP; Caren Tepp y Jesica Pellegrini, presentó para capacitar en el marco de la Ley Micaela a choferes de taxis, remises y colectivos.

La Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad será la autoridad de aplicación y deberá instrumentar el programa de capacitación, se precisa en la iniciativa.

A través del proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Municipal el viernes 24 de enero, las edilas sostienen que «es imprescindible que todas las personas que van a desempeñar un rol en el Estado, sea en el cargo y jerarquía que sea, reciban capacitación sobre violencia de género».

El programa será financiado con partidas del presupuesto ordinario destinado al área.

Vale apuntar que la Ley Micaela –aprobada por el Congreso Nacional en diciembre de 2018– tiene como objetivo capacitar en temática de género y violencia contra las mujeres e identidades feminizadas y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado, a lo que se suma la adhesión de la provincia de Santa Fe a dicha ley nacional  Nº 27.499.

Antecedentes

Es necesario recordar que la ley  lleva ese nombre en recuerdo a la joven víctima de femicidio en Gualeguay,  en 2017 -Micaela García-  y que la norma impulsada establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres de los y las agentes del Estado provincial.

El Concejo sancionó por su parte la ordenanza Nº 9.110 que crea el Programa de Capacitación y Formación en Violencia de Género para todos los trabajadores y trabajadoras de las secretarías de Salud, Promoción Social y de Control y Seguridad Ciudadana.

La Intendencia de Rosario avanzó en el decreto Nº 396/19,  donde establece que para ingresar a la planta municipal y celebrar contratos de locación de servicios y de honorarios, así como de  retribución a tercero y/o acuerdos de pasantías los particulares deben acreditar como condición excluyente que no se encuentran condenados y no poseen denuncia penal por violencia de género pendiente de resolución.

La ley sancionada establece “la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes”.

Según las mismas concejalas,  «la ley busca producir un impacto hacia el interior de las estructuras burocráticas, una toma de conciencia masiva de las y los agentes del Estado, acerca de la gravedad que significa una mujer muerta cada treinta horas en Argentina y la urgencia de un cambio para empezar a revertir esta realidad».

Surge en el proyecto de ordenanza que «es imprescindible también que todos aquellos que desempeñen funciones en los servicios públicos de pasajeros de la ciudad: taxis, remises y colectivos, tengan formación en temática de género para generar las herramientas que posibiliten avanzar hacia un camino que ponga fin a la violencia machista”.