10 septiembre, 2019

Reunión de la comisión de Derechos Humanos

Los ediles analizaron el proyecto para modificar la ordenanza de creación y funcionamiento del Museo de la Memoria.

En principio, coordinó la reunión del martes 10 de septiembre Enrique Estévez, concejal del bloque Socialista y vicepresidente de la comisión. La integraron María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Agapito Blanco y Agustina Bouza, de Cambiemos, Norma López, del Frente para la Victoria-PJ; la presidenta Celeste Lepratti, del Frente Social y Popular; y Jesica Pellegrini, de Ciudad Futura.

Estévez puso en consideración la iniciativa presentada por integrantes de la comisión directiva del Museo de la Memoria y que expusieron la semana pasada.

Al respecto hizo algunas observaciones sobre las modificaciones propuestas para la ordenanza que dio vida al museo.

“Si bien hay cuestiones que se pueden ajustar no creo que haya problemas de funcionamiento institucional. Sí pienso que para el momento de ejecutar y gestionar no se puede convocar a una asamblea de 50 o 100 personas”, afirmó el edil socialista.

Entre algunos puntos mencionó que la integración de la comisión directiva debía ser impar y objetó otorgársele el 0,8% del Derecho de Registro e Inspección (Drei). Otro punto que estimó conflictivo fue el de contratación del personal, a lo que Gigliani contestó que “esos trabajadores deben ser de un perfil determinado” por los objetivos institucionales y lineamientos determinados en la ordenanza.

De acuerdo al proyecto presentado se plantea que la institución que actualmente depende de la Secretaría de Cultura municipal se transforme en un ente autárquico. Sobre el tema, López sostuvo que “la autarquía no es lo mismo que contar con un presupuesto independiente”.

Por su parte, Gigliani opinó que “el rol del director no debe desnaturalizarse ya que siempre es elegido por concurso y forma parte de la planta permanente del municipio, según las normas vigentes”.

En el mismo sentido, López cuestionó la inclusión del derecho al veto para los integrantes de la comisión directiva y coincidió conque no debía quedar desdibujada la función del director. Inclusive defendió la gestión de la actual directora, Viviana Nardoni.

“Se trata de encontrar un equilibrio con una ordenanza que posibilite generar lineamientos claros cuando se realizan los concursos para designar el director”, señaló y remarcó que si bien se trata de un museo, sus fines se vinculan a los derechos humanos y a la última dictadura cívico militar.

También coincidió la concejala del FPV-PJ en ese punto quien señaló que su creación “fue de las primeras en su tipo organizadas por la sociedad civil, en tanto su origen tiene que ver con el terrorismo de Estado.

Hacia el final, Pellegrini planteó que en el tratamiento del proyecto debían consultarse otras voces, y en ese caso mencionó a la abogada Gabriela Durruty. Ponderó que la creación del museo “fue un hito” en la reivindicación de los derechos humanos; igualmente por las funciones que cumple como contar con un centro documental y posibilitar el asesoramiento en los juicios de lesa humanidad.

Por su parte, Lepratti recordó que la huella que dejó la creación del museo “es ejemplar” y cuestionó que en la institución “se hayan expulsado trabajadores ya que no se reincorporó a quienes se les venció el contrato” en un momento.

También afirmó que “tampoco debe desnaturalizarse a la comisión directiva porque la integran personas que lucharon para que hoy el museo esté funcionando, muchos de ellos quedaron en el camino”.

Para continuar con el tratamiento del expediente se acordó avanzar en un plan de trabajo y analizar el proyecto de modificación de la ordenanza, artículo por artículo, entendiendo su compleijidad.

En la reunión que se realizó este martes en el Salón de Usos Múltiples (SUM), concejalas pusieron en conocimiento sobre una reunión que tuvieron con trabajadoras asistentes del Teléfono Verde, de Atención Integral y Prevención de Violencia de Género .

Al respecto, se resolvió elaborar un proyecto de declaración desde la comisión que exprese preocupación por la situación de precarización laboral de los trabajadores que desarrollan sus tareas en ese ámbito.