Se acordaron proyectos de declaración y se dio curso a un pedido de actuaciones por una denuncia de discriminación en un boliche.

Presidida por Celeste Lepratti, del Frente Social y Popular, la reunión del 15 de mayo estuvo integrada también por Pedro Salinas, de Ciudad Futura; Agustina Bouza y Agapito Blanco, de Cambiemos; Enrique Estévez, del bloque Socialista, y Norma López, del Frente para la Victoria-PJ.

De Lepratti, los concejales acordaron dar despacho a una solicitud para que el Departamento Ejecutivo realice actuaciones en el boliche «Bound», por una denuncia de discriminación. “Los chicos quisieron ingresar y se les dijo que no daban con el perfil. Según nos comunicaron, presentarían una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi)”, explicó la presidenta de la comisión.

Se otorgó despacho a un proyecto de Blanco que “expresa repudio por el ataque químico lanzado sobre la ciudad de Duma, en Siria, dirigido a la población civil, y que tuvo como resultado la muerte de al menos setenta personas, en su mayoría mujeres y niños”.

De López, tuvo proveído favorable con pase a Presupuesto un proyecto de ordenanza que crea el Programa de Inclusión Socioeducativa para Víctimas de Trata de Personas y Proxenetismo.

En el encuentro brindó testimonio Mariana Díaz, madre de un adolescente que sufrió la amputación de una pierna en un hecho ocurrido en diciembre de 2016, cuando un utilitario policial que se encontraba en medio de una persecución, perdió el control, subió a la vereda y lo atropelló. En el suceso perdió la vida su tía, quien se encontraba con él.

La mujer reclama una vivienda ya que el chico «padece obesidad y pasa la mayor parte del día encerrado en el departamento que está ubicado en un séptimo piso”. Si bien cobra un subsidio de parte del Centro de Atención a la Victima, Díaz expresó que tuvo que dejar su anterior trabajo para cuidar a su hijo y perdió el otro sostén de hogar que tenía para mantenerlo, la tía fallecida.

Los ediles le consultaron sobre la marcha de las causas penal y civil y se comprometieron a acompañar sus acciones, sobre todo por la necesidad de tener acceso a una vivienda adaptada.