El edil Toniolli les entregó copia del decreto de adhesión a la ley nacional que plantea cursos obligatorios sobre violencia de género para los empleados municipales.

El jueves 24 de octubre, Andrea Lescano y Néstor «Yuyo» García –padres de Micaela, víctima de femicidio– asistieron al Concejo Municipal. La muerte de la joven militante del Movimiento Evita ocurrida en la ciudad entrerriana de Gualeguay, en 2017, dio lugar a ley nacional N° 27.499 que establece la capacitación obligatoria en derecho y perspectiva de género, y prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. En la sesión del pasado jueves 17 de octubre, el cuerpo votó la adhesión a la ley provincial N° 13.891 que remite a la nacional y la  aplicación municipal de la norma.

El padre y la madre de Micaela García fueron recibidos  en el despacho de  la presidencia, donde recibieron copia de la ordenanza local de adhesión a la ley que fue impulsada por el edil Eduardo Toniolli, del bloque Partido Justicialista. Lo acompañaron María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Norma López, del Frente para la Victoria-PJ, y Jesica Pellegrini, de Ciudad Futura.

También participaron de la reunión Vanina Navarrete, del área de género del Sindicato de Trabajadores  Municipales de Rosario y por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Rosario, asistieron la secretaria gremial Liliana Leyes, y la secretaria de organización, Lorena Amirón.

En el encuentro, García hizo hincapié en “la necesidad de realizar talleres de concientización y sensibilización para que las personas entren en contradicción y así se pueda superar en la sociedad una matriz cultural histórica, cambiar la realidad”.

En su exposición, explicó el largo camino legislativo que implicó la aprobación del proyecto de ley a nivel nacional, que en el tramo final fue unificado. “Antes hubo muchos otros que perdieron estado parlamentario”, señaló. También remarcó que “hace falta voluntad política” para que la norma se cumpla con efectividad en todos los estamentos estatales.

Lescano consideró que “no sólo se deben realizar los registros de las capacitaciones sino que se deben cotejar los cambios reales que se van produciendo a través de indicadores” en la sociedad.

La concejala López recordó un proyecto de ordenanza presentado y aprobado por el cuerpo para realizar capacitaciones permanente y que, sin embargo, el municipio no puso en marcha. Destacó que “es importante que esas capacitaciones sean obligatorias” para todos los empleados y en el mismo sentido mencionó una experiencia realizada el año pasado en el Concejo, cuando la convocatoria fue voluntaria “y nos quedamos a mitad de camino”. Otro punto al que se refirió es a la urgencia por involucrar a los medios de comunicación para que se posicionen a favor de la prevención.

De igual manera se refirió a las acciones que debe encarar el Estado municipal, para llegar antes de que se produzcan los hechos de violencia.

Gigliani se refirió a la “proximidad” que implica poner en marcha cursos de capacitación en instituciones cuando hay situaciones naturalizadas que no son nuevas y son de larga data. “El impacto que produjo el movimiento de mujeres hizo que algunos varones empiecen a cuestionarse conductas y nosotras, como compañeras, nos damos cuenta que hay situaciones que no debemos naturalizar”, remarcó, y ponderó el efecto que tendrá la ley Micaela.

Pellegrini acordó  con que «no se deben naturalizar situaciones porque aportan a un caldo de cultivo» para situaciones de violencia posteriores. “Hay que empujar los límites para que no quede todo solamente en una declaración de derechos”, expresó.

Por su parte, Toniolli destacó el trabajo que están haciendo los padres de Micaela a través de la Fundación Micaela García “La Negra” y que incluye jornadas y cursos de capacitación.