El presidente del bloque Socialista presentó un proyecto de declaración que expresa preocupación por la decisión del gobierno nacional  y el impacto que tendrá en Rosario.

“La medida afecta directamente a Rosario y al normal desarrollo de las actividades cotidianas de los ciudadanos que utilizan el tansporte urbano de pasajeros, sobre todo a quienes lo utilizan como único medio de movilidad”, lamentó Horacio Ghirardi.

El presidente de la bancada Socialista evaluó que “la eliminación de subsidios nacionales representa para el sistema de transporte urbano de pasajeros de Rosario la perdida de 80 millones de pesos mensuales”.

A la vez denunció que “el gobierno nacional seguirá recaudando el impuesto a los combustibles líquidos, que se encuentra afectado al financiamiento de los subsidios al transporte, pero no los distribuirá”. 

“Es una decisión unilateral del Ejecutivo nacional, sin tener en cuenta la falta de posibilidades tanto de las provincias como de los municipios para afrontar esa carencia de recursos”, se quejó Ghirardi.

El concejal socialista recordó que el transporte urbano de pasajeros en Rosario cuenta con subsidios locales, ejecutados tanto a través del presupuesto como del Fondo Compensador del Transporte.

En ese sentido, Ghirardi precisó que “la Municipalidad de Rosario incrementó este año un 57% el Fondo Compensador del Transporte, destinado a garantizar la calidad del servicio y a minimizar la incidencia de los aumentos de costos sobre los usuarios” y que ese incremento representa “un aporte total de 548 millones de pesos anuales desde las arcas municipales”. A su vez, la provincia de Santa Fe también aporta recursos en materia de subsidios a la ciudad de Rosario.

Y advirtió: “La situación es realmente preocupante porque el contexto de aumento del dólar, el incremento de combustibles y la inflación, producen un incremento de los costos del sistema de transporte”.

En este marco, agregó que quitar los subsidios nacionales al transporte también significa una mayor presión económica sobre la población.“El transporte debe entenderse como un derecho que el Estado tiene que garantizar y no como un gasto que puede ser recortado”, aseguró.