El pasado lunes, por la noche, en la reunión mensual del Consejo Asesor de la comisión de Derechos Humanos, expuso sobre el tema la titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Jaquelina Balangione.

Presidió la actividad la presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Celeste Lepratti, del Frente Social y Popular, quien brevemente presentó a la funcionaria judicial, a quien acompañó quien está a cargo del Registro Provincial de Violencia Institucional y Afectaciones de los Derechos Humanos, Lorena Negro.
En su introducción la doctora Balangione, precisó que el área a su cargo tiene entre otras tareas la defensa de imputados, que no cuentan con abogados particulares, y la realización del registro de los casos de violencia institucional.
Respecto a los casos de violencia institucional consignó que desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 se registraron 958 casos, con 579 víctimas. Explicó que ellos son los hechos denunciados por las propias víctimas en diálogo con integrantes de la Defensoría o a partir del seguimiento, por ejemplo, de publicaciones periodísticas, y mencionó que se toman en cuenta los producidos por integrantes de la policía, el Servicio Penitenciario o agentes judiciales.
Indicó Balangione que “los números son relativos porque son los que llegan a nuestro conocimiento, es decir que no abarcan la totalidad de los casos de violencia institucional”.
Acera de los lugares en los que se encontraban las víctimas, de acuerdo al Registro, 280 eran del área judicial de Rosario; 108 de Santa Fe; 84, de Reconquista; 73 de Rafaela, y 34 de Venado Tuerto, discriminados en 515 maltratos físicos, 252 psicológicos y 191, específicamente derechos humanos.
Como ejemplo de violaciones a los derechos humanos hizo referencia a la situación reiteradamente denunciada por quienes se alojan en la nueva unidad de detención de mujeres de Rosario, respecto a los problemas de acceso al agua potable.
Al determinar los casos de maltratos psicológicos, 89 fueron amenazas, 73 humillaciones, 34 acoso, 32 violencia verbal, 12 requisas agraviantes a familiares, y 12 impedimento de vinculación familiar.
De igual modo precisó que se registraron 260 casos de golpes, 197 de golpizas, 21 de ataques con balas de goma, 13 con gas pimienta y 10 muertes y resaltó que la mayor cantidad de casos se da en el momento de la aprehensión, y luego ya detenido en las dependencias policiales.
Expresó la titular del Servicio Público de la Defensa Penal que por disposición de su área, en las primeras 3 horas de la detención se les debe comunicar a la misma.
Reiteró Balangione que “lo nuestro es una porción, es una foto, de una parte” de lo que se se puede conocer. Y al resaltar la trascendencia del Registro dijo que “Santa Fe fue más allá, dado que se había determinado que debía hacerse una base de datos y se hizo un Registro”.