Se realizó un encuentro virtual de trabajo entre diferentes representantes políticos, funcionarios e integrantes de las cámaras inmobiliarias, entidades pymes, organizaciones de inquilinos y comerciantes, colegios de corredores inmobiliarios, y de la Oficina Municipal del Consumidor.

El objetivo de la misma, es convenir en un protocolo de actuación con relación al decreto de necesidad y urgencia (DNU) Nº 320/2020, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, sobre el tema alquileres para su efectivo cumplimiento.

El DNU establece la suspensión de desalojos; prórroga de contratos; congelamiento de los valores de los alquileres; subsistencia de fianza, respecto a deudas por diferencia de precio y por falta de pago, y excepción por vulnerabilidad del locador, entre otros puntos.

En la videoconferencia se analizaron dudas sobre estos temas, que se pretenden despojar con un protocolo de actuación. Las mismas van desde ¿Cómo proceder ante la negativa de poner en práctica la prórroga del contrato?, hasta cuestiones referidas a la entrega de llaves de alquileres finalizados; congelamiento de precios cuando existen cláusulas indexatorias e incumplimientos de lo dispuesto en el DNU.

Participaron de la reunión

Las concejalas y concejales Marina Magnani, de Unidad Ciudadana; María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Jesica Pellegrini. de Ciudad Futura-FSP, y Fabrizio Fiatti, de Creo. La jefa de la Oficina Municipal del Consumidor, María Julia Bonifacio, y el coordinador del Consejo Asesor de Vivienda, Ariel D’Orazio. 

Por la Municipalidad de Rosario, las subsecretarias de Gobierno y de Hábitat, Sabrina Arcamone y Josefina Del Río, respectivamente.  

También, el senador provincial por el departamento Iriondo, Hugo Rassetto, quien integra la comisión de Hábitat, y las  diputadas provinciales Leonella Cattalini, del bloque Socialista, y Dámaris Pachiotti, de Ciudad Futura.

Por otro lado, estuvieron conectados en la plataforma virtual: Andrés Gariboldi, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario; Walter Govone, presidente de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Santa Fe; Maximiliano C. Ferraro, coordinador del Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de Santa Fe; el ex edil Nire Roldán de la Concejalía Popular; Ariana Montero por la Cámara de Salones de Fiestas Infantiles, y representantes de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), la Asociación de Entidades Empresarias del Sur Santafesino (Adeessa), y la Federación de Centros Comerciales de la Provincia de Santa Fe (Fececo).

Declaraciones.

Para el concejal de Creo, Fabrizio Fiatti, «es importante en medio de esta pandemia, avanzar en medidas efectivas para la protección de las miles de familias y comerciantes que alquilan. Es esencial para esto generar intercambios y acuerdos entre las asociaciones de inquilinos, las cámaras y colegios de inmobiliarias y los distintos niveles del Estado».

Acotó que «avanzamos hacia un protocolo que clarifique los alcances, para saber qué podemos pagar por transferencia y que los alquileres están congelados y los contratos se prorrogan de forma automática hasta el 30 de septiembre. Hoy las mayores consultas son sobre inconvenientes en los pagos y mudanzas. Sobre esto tenemos que articular las respuestas desde la Oficina Municipal del Consumidor dependiente del Concejo, el Centro de Asesoramiento en Alquileres municipal, y la Secretaría de Comercio Interior de la provincia».

La concejala Jesica Pellegrini de Ciudad Futura-FSP, celebró «este tipo de iniciativas de trabajo en conjunto, no sólo desde el Estado sino también junto a las distintas organizaciones, para facilitar no sólo el acceso a la información sobre las posibilidades que el decreto nacional establece, sino también para responder ante situaciones concretas».

En ese sentido, la edila entendió «importante avanzar en la elaboración de un protocolo conjunto, tal como fue consensuado, para unificar criterios y salir de la respuesta individua».

Por su parte, la concejala de Iniciativa Popular, María Fernanda Gigliani, calificó de muy positiva la reunión y también planteó «la necesidad de generar no solo un protocolo sino una comunicación unificada para evitar malas prácticas y abusos, dando seguridad a los inquilinos de cómo actuar en este momento de excepcionalidad». 

“Es fundamental dar certezas de cuáles son los mecanismos válidos para poner en la práctica  el contenido normativo del DNU 320. Sin dudas tanto la prórroga de los contratos de alquiler, como la suspensión de los desalojos y avanzar en la bancarización de los alquileres, son los principales puntos y resulta indispensable para ello, la protocolarización de los mismos y así facilitar su real instrumentación”, señaló la edila.

En el mismo sentido, la concejala Marina Magnani, de Unidad Ciudadana, consideró «oportuna y necesaria a la iniciativa de la Oficina Municipal del Consumidor, de convocar a distintos protagonistas para abordar la problemática de los alquileres y la aplicación del DNU 320, debido a las situaciones de incertidumbre en la que se encuentran muchos inquilinos e inquilinas, que no saben a qué atenerse en las relaciones con las inmobiliarias y los propietarios de inmuebles, ante las exigencias que violan los dispuesto por el decreto presidencial».

“Para nosotros es fundamental que el sector más débil en la relación contractual, que es el inquilino, el pequeño comercio o pyme, no se vea doblemente perjudicado, por la cuarentena que obliga a las suspensión de actividades, y por el abuso de las inmobiliarias”, detalló Magnani.

En resumen.

Finalmente, luego de la telereunión, la titular de la Oficina Municipal del Consumidor, María Julia Bonifacio, explicó que la intención es «trabajar sobre diferentes propuestas a las inquietudes que surgieron, para poder confeccionar, esta misma semana, un borrador del protocolo» y acotó: «Posteriormente, hacer una segunda reunión para definirlo y que una vez que esté avalado por las cámaras inmobiliarias, colegios de corredores, asociaciones, y los distintos niveles del Estado, se proponga incluso que se pueda emitir como un mensaje de la Intendencia».