El encuentro fue en el marco de la reunión de comisión, donde se analizó la decisión provincial del posible cierre del dispositivo terapéutico de adicciones
En la actual modalidad virtual estuvieron presentes la vicepresidenta de la comisión de Derechos Humanos, Jesica Pellegrini, de Ciudad Futura-FSP; Norma López y Alejandra Gómez Sáenz, del Frente de Todos-PJ; Ana Laura Martínez, de Juntos por el Cambio, y Daniela León, de la Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio.
Al comienzo, Pellegrini presentó a Silvia Inchaurraga, jefa del Servicio Asistencial en Drogadependencias y Sida (Sadys), que funciona en el Centro Regional de Salud Mental «Agudo Ávila», y a uno de los coordinadores del área clínica y reducción de daños, Martín Coronel.
El Sadys es financiado por el gobierno santafesino a través de un convenio con la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que está vencido desde diciembre del 2019 y el organismo público firmante es la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de Adicciones (Aprecod), de la provincia, cuyo referente es actualmente Mariano Romero, según se precisó.
Inchaurraga informó que no se renovó el convenio de este espacio, que «es un dispositivo terapéutico de asistencia público, pionero desde la perspectiva de derechos de los usuarios», que funciona desde 1995 y que fue declarado como caso de buenas prácticas en América Latina por el Programa de Sida de las Naciones Unidas.
Mencionó la doctora en psicología Inchaurraga que «es importante garantizar la accesibilidad a la población más vulnerable» y también aludió a los riesgos que tiene hacer recortes presupuestarios por cuestiones ideológicas.
“Eso que se vino denunciando sobre que desde el cambio de la gestión de Aprecod, múltiples organizaciones han quedado sin convenio. La realidad es que hoy la única a la que no han renovado su convenio es la nuestra” aseguró Inchaurraga y sostuvo: “El Estado no debe discriminar a la población usuaria de drogas a la posibilidad de acceder a un modelo de abordaje que quizás esta gestión de Aprecod no comparta”.
Por su parte, Martín Coronel hizo una presentación de la problemática respecto a la relación entre organizaciones no gubernamentales y el Estado donde remarcó que «es importante pensar en lo interministerial, intersectorial, y en el sector público no estatal que está siendo desarticulado».
“Es indispensable que la salud pública tenga un lugar fijo que se referencie con una perspectiva de reducción de daño. Cuando se depende de los convenios y se termina la plata los pacientes quedan deambulando por todos lados. Y si el paciente no se adapta a los modelos se les cierran las puertas. Es allí, cuando fracasa la prevención y la asistencia, que nos llega a nosotros”, explicó.
Por otra parte, Coronel realizó un detallado recorrido de la situación problemática que empezó a fines de 2019 y se prolongó hasta el momento actual.
En tal sentido precisó que luego del cambio de gestión, se presenta el presupuesto de 9 profesionales «donde 5 están en el marco de una pasantía, una concurrencia de formación, es decir no hablamos de sueldo, estamos hablando de un presupuesto de 150 mil pesos por mes, por eso no creo que sea una cuestión presupuestaria», mencionó.
Agregó posteriormente que «facturamos 2 meses de los cuales se efectiviza un mes, y comienza el derrotero. Nos reunimos con Mariano Romero quien nos dijo que por un encuadre administrativo no se podía pagar. Pasaron los meses sin respuestas hasta que la gente se cansa y renuncian los 5 concurrentes».
Sobre esto, Inchaurraga explicó que en los últimos dos meses pidieron reuniones con Romero, las que no fueron atendidas, ya que para reestructurar el servicio se necesitaba una precisión respecto a la continuidad del convenio. «Y recién el viernes pasado nos notificó la decisión de Aprecod de no renovar el convenio y no hubo precisión sobre cuándo se va a abonar la deuda, además dejó en claro que éste modelo de Sadys no cuadra con la lógica de trabajo y el nuevo diseño de Aprecod».
La concejala López mencionó que se comunicó con Coronel y Romero en su momento y aclaró que «el servicio se continúa pero con otro abordaje y una nueva modalidad adoptada por la gestión provincial actual». La edila planteó dudas sobre si la falta de renovación no fue del segundo semestre por lo que se adeuda es sólo eso. “Sobre reducción de daños siempre tuve una postura sobre que debía ser un servicio o un abordaje dentro otros múltiples dentro de salud mental”, explicó López y sostuvo que «es injusto que se maltrate a un funcionario», haciendo alusión a Romero.
Pellegrini, destrabó el debate y encausó la reunión para permitir escuchar a los invitados y dar espacio a las preguntas de otras concejalas.
Gómez Sáenz preguntó sobre si tienen acompañamiento del Colegio de Psicólogos y el consejo consultivo
Lo que Inchaurraga respondió es que las concurrencias están dentro del plan de formación, desde que fueron ad honoren hasta que fueron rentadas.
León consultó sobre si el lunes próximo se recibirá al director de Aprecod y auguró que luego de ello, seguramente la comisión se manifestará al respecto. Al tiempo que expresó que el Agudo Ávila debe tener un tratamiento aparte, sin afectar el convenio sobre drogadependencia. “No me imagino a Rosario sin este servicio”, se lamentó.