La comisión abordó la problemática de los incumplimientos en el congelamiento de los precios y la situación de los desalojos.
En modalidad virtual se realizó la reunión semanal de la comisión de Derechos Humanos con la conducción de la presidenta, Susana Rueda, de Rosario Progresista, y la participación de la vicepresidenta, Jesica Pellegrini, de Ciudad Futura-FSP; Norma López y Alejandra Gómez Sáenz, del Frente de Todos-PJ; Ana Laura Martínez, de Juntos por el Cambio, y Daniela León, de la Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio.
Alquileres elevados y desalojos
Al comienzo, Rueda presentó a los invitados de la comisión, el ex concejal y presidente del Centro de Estudios Metropolitanos Concejalía Popular, Nire Roldán, y el integrante de la Asociación de Inquilinos de Rosario, Emmanuel Canelli con el objetivo de trabajar sobre el tema del valor elevado de los alquileres y la situación de los desalojos.
Exposiciones.
Nire Roldán destacó la presencia en la agenda pública del tema de la nueva Ley Nacional de Alquileres y el decreto de necesidad y urgencia (DNU) N° 320 del 2020, que se vence este 30 de septiembre. También el espacio de debate para trabajar en políticas públicas para que se cumplan los derechos de los inquilinos.
El presidente de la Concejalía Popular remarcó que «se pelea contra sectores corporativos que pretenden frenar estos avances» y con la realidad en cuanto a la práctica de contratos informales en la renta de los inmuebles que favorece a todo tipo de incumplimientos.
Por otra parte, destacó que ninguna de las dos medidas nacionales antes referidas, tiene como consecuencia la suba en el valor de los alquileres, que «sí está relacionada al puro abuso que existe en el mercado y a una especulación inmobiliaria».
En este sentido, explicó que muchas de las razones por la que se dictó el DNU, hoy en día siguen vigentes e instó a profundizar la herramienta de mediación obligatoria gratuita en todos lados. “Por eso hay que efectivizarlo en defensorías del pueblo; oficinas del consumidor; Colegio de Corredores Inmobiliarios; Colegio de Abogados y todos los institutos para garantizar y asistir a todos los contratos de alquiler”, precisó Roldán.
Asimismo, informó que se pidió prorrogar algunas herramientas del DNU, también poner en marcha un programa específico para el endeudamiento de los locatarios con herramientas como el Ahora 12, 24 y 36 y la puesta en marcha del programa de alquiler social.
A su turno, Canelli, puntualizó que existen 200 mil personas alquilando en Rosario, calificó a la situación actual como «muy compleja» y denunció que el decreto no se cumple y que» cotidianamente se da un intento sistemático de los corredores inmobiliarios respecto a desconocer las prórrogas automáticas del contrato con precios congelados y mismas condiciones, haciendo renovaciones retroactivas con aumentos».
Si bien destacó la importancia del DNU, subrayó que si no se prorroga vendrán otros problemas como los aumentos que ya estaban previamente establecidos en los contratos.
Por otra parte, alentó a que el alquiler esté regulado por el Estado en una situación similar al servicio público, como el taxi.
Luego de la exposición de los invitados, la concejala León indagó sobre la existencia de certezas en cuanto a la prórroga del DNU y el detalle de los organismos de control y aplicación de la ley.
Quién tomó la palabra fue Roldán que insistió en que «hay sectores que buscan confundir para evitar cumplir con lo que establece el DNU» y aseveró que mantiene la esperanza en cuanto a la prórroga, respecto a los desalojos y contratos. Incluso con algunas modificaciones el congelamiento de precios también y segmentar topes.
Registro de contratos de alquiler
En el caso de la edila López mostró cierto pesimismo respecto a que «se logre impedir los abusos en los alquileres» y se preguntó sobre «qué acciones realizar desde la competencia de un municipio».
Roldán recogió la demanda y planteó la posibilidad de trabajar en un registro municipal de contratos de alquiler para tener indicadores propios con información necesaria para desarrollar políticas públicas. Por ejemplo implementar un registro de vivienda ociosa, de contratos vigentes, de los inmuebles ofrecidos, los alquilados y los pedidos e inquietudes de los inquilinos. Todo esto, según Roldán, permite pensar en gravar la vivienda ociosa con mayor efectividad y aclaró: “Sería absurdo cobrarle una diferencia de dos o tres tasa general de inmuebles (TGI) a viviendas de narcotraficantes llenos de dineros y que se lo hacen alquilar a inmobiliarias truchas”.
Rueda adelantó que trabaja desde su bloque en una iniciativa con el tema de vivienda ociosa y alentó a sus pares de comisión a trabajar en ese registro municipal para brindarle fuerza institucional.
López y León coincidieron en recordar que la gestión del Frente Progresista siempre se negó a gravar, por ejemplo, a los terrenos baldíos.
En su caso, Pellegrini, explicó que intentaron en varias oportunidades sin éxito, impulsar iniciativas respecto a un proyecto de inmobiliaria pública, división alquileres, que entre otras cuestiones preveía un registro por parte del municipio de los alquileres de vivienda y comercio. También aprobamos a principio de este año un proyecto donde planteamos la necesidad de reforzar mecanismos para la mediación gratuita obligatoria en el marco del DNU N° 320.
Sobre esto, preguntó a los asistentes sobre si se cumple con la restricción de los desalojos en cuanto a la implementación desde el Poder Judicial.
Canelli, contestó a la demanda informando que desde Inquilinos Rosario no han tenido información sobre que se hayan concretaron desalojos por vía judicial, ya que los jueces están al tanto del DNU.
Respecto a la creación de un registro de vivienda ociosa explicó que un indicativo es tomar como referencia el consumo mensual de la energía eléctrica. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo hicieron teniendo como parámetro lo que consume una heladera, para entender que por debajo de eso se trata de vivienda ociosa.
Roldán invitó a trabajar en conjunto con todos los bloques políticos para superar la política sectorial hacia una política pública. Respecto a la vivienda ociosa propuso crear además un organismo más severo donde se inhabilite al propietario y se genere un mecanismo donde el Estado disponga del inmueble por un tiempo determinado, con un contrato de tres años, donde esos fondos se destinen a una planta municipal de vivienda pública en alquiler. Para ello, sostuvo hay que establecer otro instrumento, además del registro de contratos, que es un servicio público del alquiler para que funcione dentro de la órbita del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat.
A continuación, Canelli explicó que la Ley de Alquileres viene a regular los precios, a garantizar la lógica de las garantías, y a extender los plazos de dos a tres años de contrato, pero tiene la flaqueza de no fijar topes de alquileres.
En el tramo final de la reunión, la edila Gómez Sáenz propuso comprometer a la comisión en el acompañamiento de estas organizaciones para hacer llegar la información de manera clara a los inquilinos, en el marco de una campaña.
Rueda cerró la exposición prometiendo avanzar en el trabajo de la comisión en un registro municipal de contratos de alquiler y campañas de difusión de la información a inquilinos.