Plantearon ante los ediles los inconvenientes que les genera el operativo de seguridad implementado en la zona del Centro de Justicia Penal, ubicado frente al centro de enseñanza.

Presidió la reunión el titular de la comisión, Gabriel Chumpitaz, de Cambiemos, y concurrieron su par de bancada, Roy López Molina, y Eduardo Trasante y Pedro Salinas, de Ciudad Futura, al igual que la edila Celeste Lepratti, del Frente Social y Popular, que gestionó la presencia de los directivos del Instituto de Educación Superior N° 28 “Olga Cossettini” a quienes también acompañó un dirigente del Centro de Estudiantes.
Por el instituto de formación docente concurrieron su rectora, Andrea Monserrat y la vicerrectora, Graciela Gasparoni, quienes hicieron referencia a los problemas que se originaron tanto entre los alumnos, como docentes, directivos y personal del centro educativo a partir que se estableció el cerco de seguridad en torno al Centro de Justicia Penal, tras el ataque a balazos de que fue objeto.
Las directivas del “Olga Cossettini” marcaron que al Instituto concurren entre 1.200 y 1.500 alumnos, que cursan 7 carrera, en 3 turnos, que se desarrollan desde las 8 a las 23, en tanto suman 256 los docentes.
Expresaron que “el cerco fue inesperado” y acotaron que el primero abarcaba sólo la manzana del Centro de Justicia Penal, pero luego se extendió, por ejemplo, hasta avenida San Martín, con lo cual mencionaron los inconvenientes que se generan en los alumnos y docentes “cuando deben caminar varias cuadras para tomar los colectivos”, y advirtieron sobre los problemas de seguridad, que ello puede generar.
Aludieron asimismo a la “gran merma” de estudiantes en el segundo cuatrimestre, a partir de esta situación, e indicaron que “los que llegan en bicicleta o moto, deben pasar varias cuadras caminando”.
Al continuar con el relato afirmaron que “hablamos con el jefe del operativo, que nos ha tratado muy bien” y agregaron que le solicitaron la posibilidad de llegar más cerca con los autos de quienes trabajan en el Instituto, pero sólo autorizaron a 5 ó 6 vehículos de directivos.
Aclararon que “no hubo abuso de autoridad, pero sí se producen rispideces” y en tal sentido indicaron que “según quien esté a cargo del operativo”, por ejemplo, “acompañan a quien dice que va hasta el Instituto al mismo”.
Dijeron que en un momento habían dicho que el operativo continuaría hasta el 29 de agosto, pero estimaron que proseguirá más tiempo.
Asimismo consignaron que “el Hospital de Emergencias ‘Dr. Clemente Álvarez’ daba vida al lugar, luego hubo 10 años de abandono y eso se reactivó, incluso el espacio verde era usado por los alumnos”.
Ante una consulta del concejal Chumpitaz, reafirmaron que uno de los inconvenientes principales es el del traslado del recorrido de las líneas del transporte urbano de pasajeros, y al respecto requirieron la posibilidad de “adelantar a las 17.45 el achique del operativo, que a veces se reduce a las 19.30”.
Sostuvo el edil de Cambiemos que “es un caso puntual para estar cerca de la comunidad, las fuerzas policiales” y dijo que podría nombrarse “a una persona responsable de la Municipalidad o la provincia” para estar en permanente relación con los vecinos de la zona, entre ellos el instituto educativo.
Se comprometió el titular de la comisión a “avanzar en algún proyecto” y recordó que este podía haber sido un caso para que interviniera la Policía Comunitaria “una muy buena idea, luego desmantelada”.
Por su parte el edil Salinas dijo que “un plano del reclamo es la ausencia absoluta de información” y si bien “entiendo que hagan entrar caminando a quienes van en bicicletas o motos”, dijo que no comprendía la decisión de no dejar pasar al transporte urbano de pasajeros, “porque no veo la posibilidad de una balacera desde un colectivo”.
El concejal Trasante sugirió la posibilidad de una reunión “con autoridades provinciales, referentes de la escuela, vecinos y comerciantes” para abordar la situación y de manera similar se expresó el edil Salinas.