Oscar «Pacho» Juárez informó sobre la causa judicial vinculada a la represión perpetrada contra el movimiento obrero metalúrgico entre 1975 y 1976.

Participaron de la reunión, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Celeste Lepratti, del Frente Social y Popular; Agapito Blanco, de Cambiemos, y Norma López, del Frente para la Victoria-PJ.

En el encuentro que se desarrolló en el Anexo II «Alfredo Palacios», Oscar «Pacho» Juárez explicó avances de la causa que se tramita en el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque.

El referente de el «Villazo” informó que «fueron imputados 102 integrantes del ex Batallón de Infantería 121, la Policía Federal, el Servicio de Inteligencia del Estado (Side),  comandados por el II Cuerpo de Ejército”.

“Está claro que lo que ocurrió a partir de 1975 estuvo todo planificado”, expresó Juárez quien también indicó que gran parte de los responsables fallecieron o están considerados “con demencia senil, como es el caso de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón”.

En marzo de este año, el magistrado hizo lugar al pedido del fiscal general a cargo de la Unidad de Derechos Humanos, Adolfo Villatte, y ordenó las primeras declaraciones indagatorias a 46 imputados por delitos de lesa humanidad perpetrados entre enero de 1975 y septiembre de 1976 en Villa Constitución.

Los sucesos ocurrieron en el marco de la represión ilegal a trabajadores, referentes sindicales metalúrgicos, profesionales y vecinos de esa ciudad que apoyaron la lucha.

El accionar represivo incluyó secuestros, torturas, allanamientos ilegales y en algunos casos asesinatos, en perjuicio de 77 víctimas que habían sido parte de la protesta obrera que se conoce como el  «Villazo».

A pedido de Juárez, se acordó que se citará al fiscal que impulsa la causa para conocer más detalles sobre los avances de la investigación judicial.

Despidos y criminalización de la protesta

En la reunión, el dirigente también se refirió a los despidos que están afectando a trabajadores de la región y, entre ellos, mencionó a la empresa Electrolux.

Al respecto, Lepratti y López plantearon presentar sobre tablas una declaración sobre la situación de los trabajadores.

Otro tema al que se refirió Juárez es a “las causas judiciales y detenciones” que pesan sobre personas y organizaciones que realizan piquetes o se manifiestan a través de distintas formas de lucha.

“Nos están sacando el derecho a protestar”, cuestionó y recordó que “existen pedidos de desafueros a delegados de La Virginia, imputaciones y hasta detenciones como es el caso de los empleados gastronómicos».

“Hay que frenar esta judicialización represiva”, concluyó.