El titular de la Secretaría de Economía y Hacienda argumentó que es “solidario y transversal” fortalecer el transporte público con un aumento de la TGI.

La reunión se llevó a cabo el miércoles 15 de noviembre y estuvo encabezada por la presidenta del cuerpo, Daniela León, integrantes del gabinete municipal y concejales; entre ellos, presidentes de bloque y la titular de la comisión de Presupuesto, Verónica Irizar, de la bancada Socialista. Acompañaron a Asegurado, los subsecretarios de Economía, Margarita Zabalza; de Finanzas, Guido Boggiano,  y de Hacienda, Horacio Palavecino.

El titular de la Secretaría de Economía y Hacienda, Santiago Asegurado,  expuso el programa económico municipal previsto para 2018 que prevé recursos por 16.486 millones de pesos  y gastos por 16.704 millones de pesos; los montos se incrementarán un 26,72 %  y 25,99% respectivamente en comparación al ejercicio 2017 y se calcula un menor déficit (-1,31%).

Al inicio, el titular de Hacienda consideró “la presión tributaria récord” que tiene la Argentina y que afecta a las administraciones municipales.

Con respecto a la procedencia de ingresos proyectados para 2018, el 69,1% provendrá de recursos tributarios, el 11,1% de cuenta de bienes y servicios, el 9,8% de transferencias; mientras que otros rubros significarán el 10,1%.

De acuerdo a la clasificación, 8.127 millones de pesos (49.3%) serán de origen municipal, 4.924 millones de pesos (29.9%)  de origen provincial, mientras que la Nación aportará 2.932 millones; en tanto 502 millones provendrán de otras fuentes de financiamiento.

A nivel económico, 13.220 millones de pesos corresponden a gastos corrientes, 2.242 millones de pesos a gastos de capital, en tanto  1.242 millones corresponderán a aplicaciones.

Desde una perspectiva institucional, Asegurado destacó que el municipio destinará el 57,2% a una inversión con finalidad social (unos 9.314 millones de pesos). “Cada día, la ciudad invierte en salud pública 10,5 millones”, apuntó el funcionario municipal. En tanto, el financiamiento de la obra pública representará el 18,5 por ciento del gasto total proyectado para el año próximo, con 3.007 millones que se aportarán para obras, mantenimiento e infraestructura urbana. Al rubro denominado “poder de policía” se destinarán 1.147 millones de pesos. La administración general se llevará 1.329 millones de pesos y para otras finalidades, 1.484 millones de pesos.

En cuanto a la inversión en obra pública, Asegurado reconoció “la presencia del Estado municipal en los barrios” y también la derivación de 2.179 millones de pesos a las áreas de Salud, Desarrollo y Cultura que inciden de manera directa en niñez y adolescencia.

Otros temas a los que se refirió el jefe de Hacienda fueron las adecuaciones de alícuotas del derecho de registro e inspección (Drei) y otros tributos, según el régimen general. También, se refirió a la emisión de letras a través del gobierno municipal, otra iniciativa enviada al Concejo.

Transporte urbano en la tasa municipal

El tema que cosechó más interés y al mismo tiempo más observaciones por parte de los concejales fue la propuesta del Departamento Ejecutivo de incorporar un incremento de la tasa general de inmuebles (TGI) con el objetivo de fortalecer el Fondo Compensador del Transporte con 10 millones de pesos mensuales, un total de 120 millones para todo el año.

Desde 2015, el Departamento Ejecutivo cuenta con la aprobación de un aumento del 18% de la TGI para 2018, en tanto ahora propone liberar un 15% los topes previstos, suma que será destinada al financiamiento del transporte público de pasajeros.

El secretario de Hacienda, ancló la iniciativa, entre otras cuestiones, “al congelamiento de los subsidios” nacionales al transporte y para que esa presión no recaiga directamente sobre los usuarios. “Es una oportunidad de generar un esquema solidario y transversal de subsidios”, argumentó Asegurado.

Al explicar el impacto que generará en las cuentas de la TGI de los rosarinos, consideró que un 24,9%, que incluye a ciudadanos de menor capacidad contributiva, no se verá afectado con un incremento extra; el 46,6 de las cuentas sufrirá un aumento de menos de dos boletos por mes; mientras que el 70 por ciento acumulativo tendrá una suba de hasta 3 boletos.

“Con este esquema, habrá una transferencia de recursos de los sectores que tienen una valuación de propiedades mayor y que generalmente no utilizan el servicio de transporte, hacia sectores populares que son usuarios del sistema”, afirmó.

Martín Rosúa, de UCR 1983, manifestó acuerdo en el espíritu de la ordenanza en cuanto a la transferencia de sectores de mayor nivel adquisitivo hacia los de menores recursos, pero consideró que  la afectación de la cuentas debería ser más concentrada –es decir, recaer más sobre las propiedades mejor valuadas–, según los mismos argumentos. También puso reparos, “en cuanto a la constitucionalidad de incluir un rubro extra en la TGI”. Al respecto, Asegurado respondió que se tratará de un incremento y no de la creación de un fondo especial.

Norma López, de Frente para la Victoria, se mostró a favor de la creación de letras desde del municipio a través de una norma específica. Con respecto al incremento del la tasa para destinar al transporte urbano no le pareció “correcto”. También demandó más tiempo para el análisis de las normas enviadas recientemente al Concejo Municipal.

Además de calificar como “regresivo” un incremento de tasas para financiar el transporte público, Caren Tepp, de Ciudad Futura, consultó cuáles son las proyecciones previstas para el incremento del boleto para el año próximo y exigió detalles sobre los adelantos de coparticipación tomados por el municipio recientemente, en cuanto a si se incluirán en el ejercicio 2018. Sobre ese tema que semanas atrás derivó en fuertes polémicas, el titular de Hacienda remarcó que tomar adelantos de coparticipación es una facultad del municipio, ya que no se trata de un crédito o financiamiento.

Eduardo Toniolli, del Partido Justicialista, se manifestó “siempre a favor de buscar otras formas de financiamiento más progresivos para el trasporte público” y luego disparó: “Pero más allá de eso, no estamos discutiendo mejorarlo sino se está admitiendo una baja en el otorgamiento de subsidios nacionales. Porque si hay un retiro de los subsidios nacionales en la estructura de costos es muy preocupante”.

Lorena Giménez, de Compromiso Social, cuestionó que “siempre desde el municipio se hacen malabares para financiar el transporte y se exige a la Nación, pero la provincia finalmente no aporta”.

Diego Giuliano, de Rosario Federal, expresó “estar de acuerdo con el principio de solidaridad” pero también manifestó preocupación por el congelamiento de subsidios nacionales y marcó la responsabilidad del gobierno provincial a la hora de contribuir al transporte. “Preocupa que el municipio esté tirando la toalla a la hora de reclamar más subsidios”, dijo.

Carlos Comi, de la Coalición Cívica-ARI, contestó las críticas sobre ese tema y recordó recientes reclamos realizados por la secretaria de Transporte y Movilidad, Mónica Alvarado, al gobierno federal, ante la desigualdad a la hora de la distribución de subsidios. “No se puede considerar que un ciudadano de Buenos Aires sea distinto a uno de Rosario”.

Por su parte, Irizar recordó que las demandas por equiparar los subsidios que benefician a la ciudad autónoma de Buenos Aires con el transporte local no son nuevas y se vienen sosteniendo desde años. También recordó otras variables que  “complican el actual escenario como la liberación del precio de los combustibles». Y a la hora de defender el proyecto del  Ejecutivo ponderó aquellas políticas que exigen más esfuerzo a los sectores de mayor poder contributivo.

Jorge Boasso, del bloque Radical, cuestionó que con la actual iniciativa de emisión de letras se reemplazará el concepto de “endeudamiento para pagar obra pública, por endeudamiento por endeudamiento”. Al respecto Asegurado, señaló que “esa es una herramienta con la que cuenta el municipio y que actualmente es utilizada por el sector privado y el resto del sector público”.

Marina Magnani, de Unidos y Organizados-FPV, también realizó una crítica de tipo conceptual: “No coincidimos con el criterio de no crear una nueva tasa para el transporte, cuando los municipios cada vez asumen más responsabilidades, según las leyes nacionales. Así, siempre se va a seguir gravando la tasa, y la TGI va a tener un límite”, dijo.

Renata Ghilotti, de Unión Pro Federal, opinó que incorporar un incremento de la TGI para financiar al transporte obedece a “un concepto distorsionado” y también reclamó aportes del gobierno provincial.

María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, también transmitió preocupación ante cualquier posible congelamiento o baja de los subsidios nacionales. Además, demandó la implementación de la tarjeta Sube, porque aporta “mayor transparencia al sistema ya que no se subsidian a las empresas sino a los pasajeros”.

Varios de los ediles presentes se inclinaron a «la creación de un nuevo tributo que sirviera directamente al financiamiento del transporte» antes que a aumentar la TGI. Sobre esa posibilidad, Asegurado explicó que, en el actual contexto nacional donde se está planteando la eliminación de tributos de los estados subnacionales, resultaría difícil la creación de uno nuevo de orden municipal.  «Esta propuesta que hacemos es un modo solidario y transversal de garantizar recursos», defendió.

Luego de brindar respuestas a las consultas y críticas de los concejales, Asegurado abrió el juego para escuchar futuras contrapropuestas, con el fin de mejorar la iniciativa y apuntar a una mayor equidad distributiva.

También asistieron a la reunión que se realizó en el despacho de presidencia, el presidente del bloque Socialista, Horacio Ghirardi; los ediles Osvaldo Miatello, de Compromiso con Rosario;  Aldo Poy, del Partido Demócrata Progresista (PDP); Carlos Cossia, del Peronismo Solidario; Celeste Lepratti, del Frente Social y Popular, y María Eugenia Schmuck, de Radicales Progresistas.