Está previsto que en la sesión ordinaria de hoy del Concejo, se considere el decreto que encomienda al Departamento Ejecutivo que gestione ante el Ministerio de Salud provincial, la reglamentación del artículo 17° de la ley provincial de salud mental  N° 10.772.

Dicha ley establece las condiciones de funcionamiento de los establecimientos públicos y privados de salud mental, a los fines de efectuar el control de la infraestructura, los recursos humanos y el proyecto general asistencial y de programas de tratamiento, debidamente explicitados y comprendidos en las norma antedicha, autorizados anualmente por el Ministerio de Salud y Medio Ambiente provincial.

Convocatoria

En el Anexo II «Alfredo Palacios» del Concejo, de calle 1° de Mayo 945, la concejala Norma López, del Frente para la Victoria (FPV), junto al edil Eduardo Toniolli, del Partido Justicialista (PJ), se reunieron con representantes de diversas instituciones que desarrollan su gestión en el área de la salud mental para avanzar en la reglamentación de dicha ley.

“Tenemos una ley de salud mental no reglamentada en su artículo 17°, que es el que se refiere a los controles de las instituciones que participan de ese campo de la salud”, señaló López.

“En ese marco, no debemos olvidar que este año murió Lucas Figueroa en el Sanatorio Neuropático de Rosario y que tuvimos la situación en la que muchos adolescentes y adultos fueron trasladados a la Clínica San Camilo de la provincia de Buenos Aires, donde se denunciaron, en forma conjunta, por varias instituciones, maltratos, vejaciones, abusos sexuales y torturas. Las víctimas fueron ciudadanos de nuestra provincia, a quienes se derivó compulsivamente sin que hubiera ningún tipo de control”, refirió la edila del FPV.

“Es probable que hoy salga aprobado en el Concejo que la Intendencia gestione ante el Ministerio de Salud de la provincia para que apruebe la reglamentación del artículo mencionado para avanzar en dichos controles”, subrayó la edila.

López destacó que: “El registro de instituciones es endeble. Hay alrededor de 14 instituciones en Rosario, cuatro comunidades terapéuticas más el Agudo Ávila, a lo que deben agregarse geriátricos que participan de la mirada de la salud mental y otras instituciones que tienen que ver con las adicciones. No queremos que ningún ciudadano más quede a la deriva y sea víctima de abusos y torturas en estos establecimientos”.

A todo esto, Iris Valles, del Consejo Consultivo Nacional del Organismo Interministerial de la Ley Nacional de Salud Mental dejó en claro que “el gran avance, cuando se implementa la ley, fue la creación del órgano de revisión nacional, que es el modelo al que apuntan todas las propuestas que se plantean luego localmente”.

Más adelante subrayó: “Esta provincia tiene una larga historia acumulada de experiencias y de avances en salud mental, con actores sociales muy fuertes, ya que la salud mental puede encararse desde la perspectiva intersectorial, porque deben enfrentarse cuestiones culturales, de estigmatización y de aislamiento. Nosotros tenemos en la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de órgano de revisión local y que ayudaría mucho desde esa perspectiva que estipula la creación del marco que regule la inspección a nivel local y provincial macro”.

“Este tipo de instituciones con reglamentaciones nos dan el sustento para luchar por los derechos humanos respecto del sufrimiento mental, no sólo de campo, sino a nivel general”, argumentó Valles, quien seguidamente acotó: “Con el cambio, a nivel nacional no se ha intentado derogar la ley que nos ocupa, ya que hay actores sociales muy fuertes en el terreno específico de la salud mental, pero si tenemos alarmas muy graves”.

“La gestión de (Mauricio) Macri lo que hace es cambiar la reglamentación para la habilitación de instituciones que se dedican al campo de la salud mental. Esto es habilitar la lógica del mercado al interior de estas instituciones, determinando qué prácticas van a reconocer y qué perfiles de instituciones y se vuelve a legalizar, de hecho, el electroshock. Esto fue denunciado como una práctica de tortura en la gestión anterior pero en este momento, surgen en las habilitaciones indicadores acerca de que se volvería a utilizar esa práctica como paradigma de la tortura en el área de la salud mental”, refirió Valles.

Más adelante recalcó: “Asimismo, se está impulsando una ley de internación en adicciones, esto es que se vuelve a sacar la adicción del campo e la salud y esto es en base a una mentira, ya que se dice que la ley de salud mental no contempla cómo realizar las internaciones involuntarias. Está planteado, está viabilizado. Hace años que se siguen prácticas de este tipo y en todo caso, lo que hay que revisar es como profundizamos y avanzamos para que existan instituciones con más recursos para dar respuestas en el campo de la salud, específicamente en el terreno de las adicciones con políticas intersectoriales”.

Auditorías insuficientes

“No hay suficientes auditorías y falta un marco legal para optimizarlas, por lo que proponemos el mismo para que los controles no sean esporádicos y se lleven a cabo auditorías conjuntas con el Ministerio Público de la Acusación, que ante determinados casos actúe con celeridad”, explicitó la representante del referido organismo.

Luego López hizo referencia a que “se calcula que hay entre 800 y 1.000 internaciones que son pagadas por el Estado provincial, por ejemplo las de San Camilo, que tuvo que ver con prácticas manicomiales sobre las que dimos cuenta y constatamos. Cuando llega la persona a la institución debe determinarse la situación en que el ciudadano llega, ya que no hay seguimiento del desarrollo de las condiciones con las que está siendo tratado y amparado”, concluyó la edila.

Eugenia Piazza, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, al expresar su punto de vista reflexionó respecto que a su entender “hay 20 manicomios en Rosario subsidiados por el Estado provincial”.

Desde el área de la Asamblea de Usuarios y Trabajadores de la Salud Mental, Leonardo Villarroel, cree que “es necesaria la reglamentación del artículo, ya que la provincia debe encuadrarse en el marco nacional para reducir la posibilidad de vulneración de derechos. A nivel provincial y local venimos muy atrasados en lo concerniente a la adecuación respecto del derecho de los usuarios, ya que hay mezquindades políticas que derivan en vulnerabilidades”.

Vale apuntar que en el transcurso de la extensa reunión se trataron varios temas con minuciosidad, entre ellos el de la existencia de menores y adultos en situación de calle que no están contemplados en la ley de adicciones.

Por otra parte, para próximas reuniones está previsto convocar a entidades que resisten la pulsión manicomial y a los asistentes sociales, quienes enfrentan diariamente la problemática que motivó la reunión.

Del encuentro participaron representantes del Colegio Profesional de Trabajo Social, Cecla, Colegio de Psicólogos, Movimiento de Salud Mental, Movimiento de Usuarios y Trabajadores en Defensa de la Salud Mental, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Programa Andrés, y Facultad de Psicología de la UNR, entre otras instituciones.