Asistieron a la reunión de comisión referentes de diferentes organizaciones que reclamaron, entre otras cuestiones, mayor presencia del Estado en la batalla contra Uber.
En la reunión de la comisión de Servicios Públicos Concedidos, que tuvo lugar hoy lunes 11 en el edificio del Anexo “Alfredo Palacios”, los concejales recibieron a un grupo de taxistas de diferentes organizaciones con intenciones de dialogar y delinear políticas tendientes a mejorar el funcionamiento del servicio.
Al comienzo, se acordó que las cuestiones puntuales ligadas a la inseguridad en el servicio de taxis se abordarán en la comisión de Control, Convivencia y Seguridad prevista los días lunes a las 13.
Por ello, y en función de este acuerdo inicial, se expusieron durante la reunión cuestiones relativas a la regulación de aplicaciones, diferenciales del servicio, la condición ilegal del servicio Uber, la posibilidad de viajes compartidos, campañas publicitarias del Estado local a favor de los taxis, comparativas con remises, entre otros.
En cuanto a los pedidos y avances concretos se precisó por parte de los taxistas, un reclamo de mayor presencia del Estado en la vía pública. Puntualmente incrementar la cantidad de puntos de controles activos por parte del municipio para detectar servicios ilegales. Es decir, controles disuasivos en puntos estratégicos clave que divisen unidades que funcionen con la aplicación Uber, y que se apliquen las multas correspondientes reguladas por el Concejo Municipal. Incluso se manifestó la posibilidad de que lo recaudado con esos controles podría destinarse en forma directa para financiar el transporte público de pasajeros.
Otro de los puntos en avance fue la necesidad de contar con la reglamentación de la normativa de aplicaciones, esto incluye la incorporación de datos biométricos en la aplicación que se utilice para el servicio regulado de taxis, al igual que la posibilidad de incorporar algún pago electrónico, entre otros aspectos.
En cuanto a lo expuesto, cabe mencionar que para los taxistas “el sistema está en extinción”, debido a la baja registrada de chapas y licencias en actividad; incluso especularon con un escenario aún más adverso en el que se avizora que “un año solo quedarán 1.500 taxis”.
Además, los taxistas reflejaron su compromiso adquirido para la prestación del servicio con la firma del pliego, un contrato de partes que cada titular tiene con la Municipalidad de Rosario, al tiempo que denunciaron la falta de garantías, y la competencia desleal agravada con la vigencia de Uber.
En este marco, la titular de la comisión Verónica Irizar, del bloque Socialista, precisó que se “agravaron las penas a Uber”, y que “no hubo un cambio de posición en el cuerpo (legislativo), Uber sigue siendo ilegal”.
Finalmente se acordó activar una mesa de trabajo conjunta para resolver los puntos y las necesidades pendientes y poder definir nuevas políticas públicas.
Asistieron a la reunión los ediles Julián Ferrero, de Ciudad Futura; Mariano Romero, del bloque Justicialista; Anahí Schibelbein, de bloque Radical; Alicia Pino, de la bancada Socialista; Carlos Cardozo, del PRO; y Mariano Roca, de Arriba Rosario.