10 noviembre, 2020

Gobierno analizó la emergencia en el transporte

Desde distintas bancadas coinciden en la reducción del plazo de duración. La comisión también dio proveído a otras iniciativas. Prorrogan concesiones de lanchas y bicicletas acuáticas en el lago del parque de la Independencia.

Esta tarde, martes 10 de noviembre, desde una de las salas del Anexo “Alfredo Palacios” presidió la reunión semanal de la comisión de Gobierno su presidenta, Marina Magnani, de Unidad Ciudadana, y participaron por teleconferencia Verónica Irizar, del bloque Socialista; María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Renata Ghilotti, de Propuesta Republicana; Roy López Molina, de Cambiemos; Caren Tepp, de Ciudad Futura-FSP, y Fabrizio Fiatti, de Creo.

En el tramo final del encuentro los ediles y edilas expusieron posiciones con relación al mensaje remitido por el Departamento Ejecutivo para declarar la emergencia en el transporte urbano de pasajeros.

A modo de resumen de lo planteado en otras comisiones el edil Fiatti indicó que se trabaja respecto a la extensión de la misma “en 24 meses” y también en algunos parámetros, y en el mismo sentido respecto a las “facultades de la comisión” de seguimiento.

La concejala Gigliani, anticipó que “no tenemos posición tomada” y mencionó que se expresaba también en nombre de la titular de la comisión, Magnani y su par de bloque de Unidad Ciudadana, Andrés Giménez, y del edil Ariel Cozzoni, de Unite-Un Gol para Rosario. Consignó que están manteniendo conversaciones con “funcionarios provinciales y nacionales dado el gran aporte al sostenimiento del transporte urbano” desde dichos niveles del Estado.

Consideró “correcto el plazo de 2 años” o si se alcanzara primero “que se llegue al 55 por ciento del costo con la venta de boletos, o que los subsidios alcancen el nivel que tenían en marzo pre pandemia”.

Asimismo propuso que la Secretaría de Movilidad remita informes al Concejo “cada 60 días”, remarcó que “nunca perdemos las facultades de control” y consideró que deberían integrar la comisión de seguimiento representantes de los ministerios de Transporte de la Nación y de su equivalente provincial y lo vinculó con los aportes que realizan ambas jurisdicciones.

Por su parte la concejala Tepp coincidió en que “el plazo no sea por 3 años” y en reducirlo a 24 meses, para mencionar que su bancada había planteado “una serie de parámetros y con el que se alcance antes caería la emergencia”.

De igual modo precisó la idea respecto que la comisión de seguimiento “tenga un rol” en cuanto al “desafío de cómo se reinventa el transporte, porque la crisis no sólo es en la ciudad y el país, sino en todas las ciudades del mundo el transporte está en crisis “. Aludió en la necesidad de trabajar en una ciudad “multicéntrica, con el trabajo, la escuela, los centros de cuidado y el comercio barrial”.

Señaló que deben resguardarse los 1.7000 puestos de trabajo del sistema y que las modificaciones “no afecten a los principales usuarios, trabajadores formales e informales”.

A su turno el edil López Molina, estimó que “es necesario definiciones rápidas y contundentes porque sino se muere el transporte urbano”.

También sostuvo que la “situación es de absoluta excepcionalidad” por lo que “me parece fundamental que a la declaración de emergencia se le de un mayor contenido y se genere un marco jurídico” en ese ámbito de excepción, “para cuidar los intereses presupuestarios de la ciudad”.

Con respecto al plazo dijo que “es un acuerdo, un consenso, porque nadie puede definir cuando se acaban los efectos de la pandemia, en esto hay incertidumbre”. Igualmente consignó que “la situación actual no es imputable a la autoridad de aplicación”, por lo que marcó que ello no está previsto ni en el pliego ni en las normativas generales sobre transporte.

Requirió igualmente contar con información en tiempo real.

La concejala Irizar, en tanto, consideró que “es innegable la situación de emergencia” para marcar que “es necesario darle herramientas al intendente para administrar esta situación de excepcionalidad”.

Igualmente recordó que cuando se adjudicaron las actuales concesiones en el 2018 la situación se modificó “al reducirse en un 70 por ciento los subsidios para el interior del país·.

“No hay dudas que el sistema está en emergencia”, expresó la edila Ghilotti, que consideró la situación “una oportunidad para repensar un nuevo sistema de movilidad”. Igualmente indicó que “el Estado debe generar políticas públicas para que el transporte urbano sea más seductor y la gente se suba”.

En tal sentido consideró que podría ser la ocasión para “pensar un nuevo plan de movilidad de acá a 10 años”.

En el cierre de las intervenciones la concejala Magnani, reiteró lo relativo a los aportes de los estamentos nacional y provincial y dijo: “No hay dudas que está en emergencia” y ese marco “excede a la ciudad”.

Otras cuestiones

Los ediles y las edilas otorgaron despacho a la extensión por 3 años del plazo a la Cooperativa de Trabajo de Bicicletas Acuáticas Limitada para continuar con la explotación de las mismas en el lago del parque de la Independencia, y en el mismo sentido respecto a la Cooperativa de Trabajo “El Crucero” Limitada para la explotación, igualmente por 3 años, de las tres lanchas, que son propiedad de la Municipalidad.

De la concejala Susana Rueda, de Rosario Progresista, obtuvo proveído, y remitió a la comisión de Salud, un pedido de informes que requiere que el Departamento Ejecutivo gestione ante el gobierno provincial respecto a los motivo por los cuales los profesionales de la salud del Servicio Asistencial en Drogadependencia y Sida del Centro Regional de Salud Mental “Agudo Ávila” no perciben sus salarios desde el pasado mes de enero y cuándo tienen previsto regularizar tal situación. Asimismo acerca de las previsiones adoptadas para que dicho servicio continúe funcionando.

Asimismo se dio proveído y remitió a la comisión de origen, Salud, un proyecto del concejal Aldo Pedro Poy, del Partido Demócrata Progresista, que encomienda al Departamento Ejecutivo que gestione ante el gobierno provincial la inclusión de los clubes de barrio de la ciudad en el Programa Estratégico de Conectividad de Santa Fe.

Se dio asimismo proveído y remitió a la comisión de origen, Obras Públicas, un decreto de la concejala Lorena Carbajal, del bloque Socialista, que encomienda al Departamento Ejecutivo que gestione ante la Subsecretaría de Seguridad Vial de la provincia “la correspondiente autorización que permita la implementación del ya existente convenio a fines de que la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) que realiza el Centro de Inspección Técnica de Automotores (Cita) tenga vigencia en todo el territorio de la provincia”.

Recordó la edila Ghilotti que “es un reclamo histórico del sector”, dado que en el Cita se efectúan las revisiones a vehículos destinados a taxis, remises, unidades del transporte urbano de pasajeros y transportes escolares, y “en caso de salir de la ciudad necesitan otra revisión”, con los consiguientes costos.

Recibió también proveído, y remitió para que continúe su tratamiento en la comisión de Presupuesto, el proyecto unificado a partir de sendas iniciativas de la edila Ghilotti con el ex concejal Gabriel Chumpitaz, por una parte, y otro del edil Lisandro Zeno, del Partido Demócrata Progresista, que establece el ordenamiento vial para dispositivos de movilidad personal.

Logró asimismo proveído y fue derivado a la comisión de origen, Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana, un proyecto de la concejala Alejandra Gómez Sáenz, del Frente de Todos-PJ,  que modifica la normativa respecto a la fiscalización de locales de venta de armas y municiones.