El Derecho del Consumidor comprende el conjunto de normas tendiente a la protección de la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. De tal modo, su ámbito de aplicación se constituye por la relación de consumo, es decir el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor o usuario.

El régimen normativo argentino de defensa de los consumidores y usuarios fue conformándose de manera progresiva a través de diversas etapas. La primera de ellas tuvo lugar en el año 1993, oportunidad en la cual se sancionó la ley 24.240 de “Defensa del Consumidor”. La norma reconoció en favor de los consumidores y usuarios un conjunto de valiosos derechos, marcando un nuevo rumbo en el tratamiento de las relaciones de consumo.

La reforma constitucional del año 1994 profundizó aquella tutela al consagrar en el nuevo artículo 42 que, “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”, otorgando de tal modo jerarquía constitucional al principio protectorio del consumidor o usuario.

El proceso descripto, tendiente a lograr una efectiva defensa de los consumidores y usuarios, se ha consolidado a través de sucesivas reformas de la ley 24.240 que le brindaron al régimen un alto grado de sistematicidad y eficacia.

Asimismo, en el año 2015 la protección de los consumidores y usuarios fue incorporada al Código Civil y Comercial de la Nación, hito que consagra la estabilización del régimen tuitivo merced a una fundamental labor de la doctrina y jurisprudencia especializadas.