La presidenta del Concejo se entrevistó con el titular de la repartición, Roberto Ryan, para acordar abordaje de reclamos de personas con discapacidad.

La presidenta del cuerpo se reunió con el delegado de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación en Rosario, Roberto Ryan, para profundizar el reclamo de madres y padres de niños con discapacidad a raíz de incumplimientos de algunas obras sociales.
“Hace algunos días acompañamos a un grupo de madres que realizaron una marcha desde la Dirección Provincial de Inclusión hasta la Superintendencia de Salud, en protesta por el incumplimiento en los pagos de prestaciones que perjudican en forma directa a las personas con discapacidad. Luego de realizar algunas gestiones, hoy nos reunimos con el delegado de la Superintendencia para acordar el abordaje de esos reclamos y poder dar respuesta a estas madres que luchan incansablemente por los derechos de sus hijos” comentó León.
Los reclamos, recordó la titular del Concejo, se refieren a tratamientos de fonoaudiología, terapia ocupacional, psicopedagogos o kinesiólogos que sus hijos necesitan para lograr una mejor calidad de vida. Esas prácticas están reconocidas por la ley Nº 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas al que tienen derecho las personas con discapacidad.
Según explicó, “en algunos casos, las obras sociales tienen más de un año de atraso en pagos a profesionales, dejando a las niñas y niños sin los tratamientos que necesitan, en virtud de que algunos profesionales dejan de ser prestadores”.
“Es competencia de la Superintendencia controlar y auditar a las obras sociales que no cumplen, garantizando la cobertura médica integral que es el derecho de estas niñas y niños. Por eso acordamos con Roberto Ryan avanzar en los reclamos que estas madres formularon, pero también que desde la Superintendencia se pueda dar una atención prioritaria a las personas con discapacidad y sus familiares”, afirmó León.
Cabe precisar que la Argentina adhirió a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2008, estableciendo como deber del Estado promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
