28 febrero, 2018

Piden sanciones por no responder pedidos de informes

El concejal Carlos Cardozo al presentar la propuesta plantea que «el incumplimiento en las respuestas es de más del 50 por ciento».

En el proyecto de ordenanza del edil de Cambiemos, Carlos Cardozo, se contemplan sanciones para los funcionarios del Departamento Ejecutivo que no contesten en tiempo y forma los pedidos de informes aprobados por el Concejo Municipal, «ya que -señala Cardozo- más del 50 por ciento de las comunicaciones aprobadas por el cuerpo legislativo de la ciudad no tienen respuesta alguna por parte de la Intendencia y muchas otras llegan con un retraso que muchas veces las transforma en inocuas».
Destaca Cardozo que la iniciativa se inspira en un proyecto que no tuvo tratamiento en comisiones y perdió estado parlamentario, y que oportunamente presentara la ex concejala de Cambiemos, María Julia Bonifacio. Prevé multas de hasta 1.000 UF (unidad fiscal fijada por el gobierno provincial en base al precio de las naftas) en el caso de la primera falta y, en caso de no ser respondido el mismo pedido de informes la multa al municipio puede llegar a las 2.000 UF, de las que se hará cargo el Departamento Ejecutivo.
La iniciativa prevé que lo que se recaude por tales sanciones se sume al Fondo de Discapacidad que administra la Municipalidad, para gestionar programas de inclusión en favor de las personas con discapacidad.
Asimismo el proyecto contempla la creación de un Registro de Solicitudes de Informes el que será establecido en cada comisión legislativa, donde deberá fijarse la fecha de envío y recepción por parte del organismo, la autoridad a la que se deriva y los plazos acordados para las respuestas.
Explica el concejal de Cambiemos que el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2.756 dice que entre las atribuciones del intendente municipal se encuentra «suministrar verbalmente, o por escrito, por sí o por medio de los secretarios, los informes que pueda requerir el Concejo» y «si esa función no se cumple o se cumple de manera deficiente consideramos que deben ajustarse los mecanismos para dar cumplimiento a la normativa vigente».
Por último señala el concejal Cardozo que «así como el incumplimiento de ordenanzas genera una sanción económica (lo que sucedió en el caso de la negativa del municipio a cumplir la normativa que obligaba a instalar un cementerio y guardería de mascotas, el que finalmente hoy se está construyendo en parte por la aplicación de la multa), pensamos que también debe generarse una pena económica para la falta de respuesta a los pedidos de informes».