Los ediles de la comisión otorgaron despacho y proveído a varios proyectos. Entre ellos, la creación del Programa Municipal por los Derechos a la Identidad Biológica y de Origen.
La reunión del martes 5 de junio estuvo integrada por su presidenta y edila del Frente Social y Popular, Celeste Lepratti; Norma López, del Frente para la Victoria-PJ; Agustina Bouza y Agapito Blanco, de Cambiemos; Pedro Salinas, de Ciudad Futura, y María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular. Se llevó a cabo en el Anexo II «Alfredo Palacios» del Concejo Municipal.
De Blanco, Bouza y Germana Figueroa Casas, del bloque Cambiemos, se dio proveído favorable a la iniciativa de crear el Programa Municipal por los Derechos a la Identidad Biológica y de Origen, expediente que también deberá ser tratado en las comisiones de Presupuesto y Gobierno.
Dentro de las argumentos del proyecto, el autor destacó que se trata de una iniciativa que viene impulsando a nivel nacional la ex senadora nacional y periodista Norma Morandini, y para que sea replicada en los municipios del país.
La propuesta generó un intercambio de puntos de vista entre los ediles, en tanto López planteó algunas modificaciones al proyecto original, como la inclusión expresa en el texto del decreto de la participación de Abuelas de Plaza de Mayo, el “único organismo que viene trabajando de manera sostenida en la lucha por la identidad y en la búsqueda de datos genéticos”. Si bien Blanco aclaró que el proyecto se refería a “instancias particulares y no tiene que ver con organizaciones”, aceptó la modificación.
También se ratificaron despachos de dos proyectos vinculados a pedidos de informes sobre el funcionamiento de dispositivos de atención sobre violencia de género y el área municipal que se ocupa sobre esa problemática.
De López y otros concejales se dio opinión favorable, con pase a la comisión de Gobierno, a la creación del Registro de Personas Beneficiarias para la Asignación Económica a Víctimas de Violencia de Género.
A la reunión asistió la abogada querellante en juicios de lesa humanidad e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario, Gabriela Durruty, quien se refirió al proyecto de Lepratti que solicitaba informes al gobierno provincial sobre la demolición del ex centro clandestino de detención ubicado en Mendoza al 8900, intervención realizada por el propietario, en febrero de 2016. La letrada hizo la salvedad que en ese momento la provincia no tuvo incidencias, por lo que el proyecto se modificó como manifestación de «preocupación» por no haberse impedido el hecho.
“En esos momentos solicitamos que se detuvieran los derrumbes pero el tribunal determinó no innovar y planteó que no podía tener injerencia sobre una propiedad privada”, expresó, en tanto solicitó una declaración del cuerpo para reclamar avance de la causa que aún no tiene fecha de juicio que querellan dos sobrevivientes que estuvieron detenidos desaparecidos en ese lugar durante la última dictadura cívico militar.
Por esa razón, a propuesta de Gigliani se determinó elaborar una declaración para reclamar el avance de la causa judicial.
