El edil del bloque Partido Justicialista, Eduardo Toniolli, presidió la charla realizada en el salón “Puerto Argentino” del Palacio Vasallo.

El concejal  Eduardo Toniolli, señaló que “algunas provincias fueron adhiriendo a la misma y en Santa Fe hay un gran debate desde hace años para ver si adhiere o no. Las consecuencias de adhesión a esta ley, creemos nosotros y en base a números estadísticos, son negativas”
“Lo que se terminó logrando –sostuvo- fue un desmembramiento de investigaciones en torno al narcotráfico y una concentración de esas investigaciones en el fuero provincial, en torno a delitos menores, así como una lenta pero progresiva y sostenida caída en investigaciones respecto del gran delito”.
“Lo único que se logró es el congestionamiento de Tribunales provinciales en lo que tiene que ver con tenencia para el consumo personal que ha crecido exponencialmente, sin que esto tenga consecuencia en la consecución de las investigaciones en el flujo más grande. Las investigaciones terminaban sirviendo como bloqueo de las actuaciones de la justicia federal en lo que tiene que ver con el gran delito en Santa Fe”, continuó afirmando Toniolli.
Refirió el edil del bloque Partido Justicialista que “todo termina en torno a la idea de que algo hay que hacer y en ese algo no necesariamente se apunta a lo que tiene que hacer el estado provincial”. Agregó: “Hay mucho que hacer en salud pública, en materia de abordaje de la demanda, y en lo que corresponde a la oferta. También hay que hacer respecto de la reforma integral de la policía provincial en temas tales como el narcomenudeo y el combate del delito violento y en general a partir del saneamiento de la fuerza”.
“Los concejales y la Intendencia debemos optimizar el trabajo en lo que respecta a todo aquello que signifique una acción propositiva en el área de salud pública, en lo que tiene que ver con la demanda respecto de las adicciones, y en torno a seguridad pública lo que corresponde a prevención del delito, ya que hemos producido una serie de ordenanzas en la que se destaca la prevención social del delito “.
Junto al concejal Toniolli, en la mesa principal se ubicaron e hicieron uso de la palabra el juez de la Cámara Penal de Rosario, Daniel Acosta; el fiscal federal Adolfo Villate; el diputado provincial Carlos Del Frade, del Frente Social y Popular; el representante de la Fundación Compromiso Ciudadano, Enrique Bertini,  y Betina Zubeldía,  por la Madres Territoriales Contra las Adicciones.
Enrique Bertini
Bertini apuntó que “hace 13 años que los legisladores nacionales comprendieron la gravedad de no poder dar respuesta con la justicia federal al problema penal del consumo y venta al menudeo y aunque el gobierno sea optimista, realice campañas y acuerdos, no está invirtiendo en incrementar los juzgados federales. El fracaso de la persecución del delito de narcomenudeo por parte de la justicia federal no sólo es rotundo, ni tiene miras de mejorar, sino que aparece como cómplice y partícipe del negocio narco”.
El expositor hizo referencia a la situación actual de Colombia haciendo foco en el paradigma de la salud pública y la disminución de la demanda. Planteó: «Los paramilitares se transformaron en mafias y con los carteles originales se dio una diáspora criminal que exportó a toda Latinoamérica narcos con alto poder adquisitivo que encontraron sistemas legales débiles para poder continuar sus negocios”.
Conceptos de Acosta
El juez penal Daniel Acosta hizo hincapié que “venimos saliendo de la investigación de ‘Los Monos’ y vi inconsistencias que son producto de la investigación. Hoy entre el 40 y el 60 % de los delitos derivan del narcotráfico y fortalecen las cajas policiales. Como consecuencia pasamos de país de tránsito al de la exportación. Las nuevas élites ingresan a nuevos mercados como el latinoamericano, vía Argentina”.
Subrayó luego: “Colombia está usando a Brasil y a Argentina y, obviamente, los narcos no se hacen cargo del marco social. Los principales insumos vienen del narcomenudeo”.
El magistrado luego destacó el recelo del manejo de la información entre los organismos de seguridad.
De Betina Zubeldía
La representante de Madres Territoriales Contra las Adicciones, Betina Zubeldía,  hizo su exposición desde el punto de vista de los que consumen “y ello destruye a la familia”, planteó
“La situación social es terrible y se ha profundizado la relación consumo-delito, así como la discriminación, la falta de trabajo, el uso de armas de fuego y la inexistencia de equipos de salud mental para afectados de adicciones, a la vez que hacen falta lugares de internación en Santa Fe”, subrayó Zubeldía.
Conceptos de Villate
El fiscal federal, Adolfo Villate, habló del fracaso del paradigma que busca militarizar la persecución del narcotráfico y la unificación del pensamiento de oferta y demanda.
Habló de “la depuración de las fuerzas de seguridad y de las presiones de la Bonaerense para manejar el narcotráfico” y dejó claro que “la DEA está interesada en que se mantenga el viejo sistema”.

“El problema no son los títeres, son los titiriteros”

El último de los invitados a exponer fue el diputado provincial Carlos Del Frade,  quien en el inicio  de sus palabras recalcó: “Estamos  en presencia de un negocio paraestatal que recauda y manipula mucho dinero y la lógica dice que a un negocio que recauda mucha plata jamás hay que prohibirlo. Nunca el capitalismo prohibirá un negocio que alimenta su corazón”.

“Es un negocio que se hace de arriba hacia abajo, con nichos corruptos del Estado. Entonces, pedirle al Estado que prohíba a uno de sus negocios es caer en la estupidez”, profundizó Del Frade.

Advirtió luego que “la hipocresía se nota en el combate al narcotráfico. Sirve, en definitiva, para hacer control social. La primera ley la impuso José López Rega y tras la muerte de Juan Domingo Perón en 1974, ‘El brujo’ impulsó  tres meses después la ley Nº  20.771, a pedido de la DEA -creada en julio de 1973-, organismo que la utilizaría en la guerra contra sectores revolucionarios en América Latina. Se buscaba relacionar a los consumidores con la guerrilla”. Historió luego, brevemente, el proceso investigativo contra el consumo de droga en Rosario y “el uso de la cocaína que utilizaban los policías provinciales torturadores en la época de Agustín Feced. La droga la distribuía el II Cuerpo de Ejército”.

Hizo referencia al primer cargamento de cocaína que llegó a la Zona Franca de Bolivia “la que fue recibida por Emilio Eduardo Massera en Rosario. Eso lo dijo un integrante del Ejército Argentino, Octavio Bueno, ante la justicia brasileña en el 2009”. Explicó el diputado y periodista «la corrupción policial, en función del negocio de la droga y la distribución de las armas que llegan, cada vez, con mayor asiduidad a los pibes de los barrios rosarinos”.

Explicitó seguidamente: “Ahora se impulsa lo que el gobierno de Estados Unidos fogoneó en las décadas del ’80 y ’90 y a partir del 2012  en Colombia, México y Brasil: el Plan Colombia, esto es el narcomenudeo. De ello surge que Colombia sigue siendo el principal exportador de cocaína; el segundo Brasil y el tercero, Argentina”.

Del Frade indicó que “en las provincias de  Córdoba, Chaco y Entre Ríos se duplicó la población carcelaria con menores de 30 años y de madres que venden droga porque no tienen trabajo. Y el negocio se duplicó. Se incrementaron en un 42% las detenciones si lo comparamos con el año pasado y tenemos casi 25.000 detenidos en los últimos dos años por la aplicación de la ley Nº 26.052”.

Lo que de inmediato Del Frade aclaró, es que “el 60% de los detenidos son consumidores y sólo llega la condena por narcocriminalidad al 2%».

El legislador provincial detalló que “en el 2016, en la Argentina circularon 7 toneladas de cocaína; en el 2017, 7 toneladas y media, a pesar de los miles de procedimientos. Con esto se detiene a los títeres. El problema son los titiriteros”.

En el final, Del Frade explicitó la relación de instituciones deportivas con la droga, cuestión sobre la cual exigió más investigación.

Participantes
Asistieron a la convocatoria, la concejala Celeste Lepratti, del Frente Social y Popular; la diputada provincial, Alicia Gutiérrez, de Solidaridad e Igualdad (Sí); el fiscal provincial del departamento General López, Eduardo Lago; el director de la Asociación de Voluntarios para el Cambio del Drogadependiente  (AVCD), Gustavo De Vega; el representante de la Cámara Argentina de Profesionales en Seguridad Integrada, Ernesto Wagner; el psicólogo Fernando Tavela; Ruth Corkhill, del Foro de Adicciones Rosario; Silvina Vaghetti, de Compromiso Ciudadano; Ariel Monge y Nicolás del Mastro, de la Fundación La Alameda, y Fabio Acosta, de la Asociación Casco Histórico.
Envió una nota de adhesión, la diputada nacional Alejandra Rodenas, de Nuevo Espacio Santafesino(NES).
Datos
La citada ley Nº 26.052, fue publicada en agosto de 2005 e introdujo modificaciones a la ley de estupefacientes (Nº 23.737), vigente desde octubre de 1989.
Las modificaciones más destacables tienen que ver con el condicionamiento de la competencia material territorial para ciertas figuras, fijando pautas para el destino de las multas, los beneficios económicos y los bienes decomisados, el cambio de las atribuciones jurisdiccionales, el mapa de los actores relevantes y las prácticas institucionales, en torno a la persecución penal de las conductas tipificadas en la ley de estupefacientes.
Asimismo, por la modificación de artículos de la referida ley se moderan las penas por delitos donde se entregue, suministre, aplique o facilite estupefacientes de modo ocasional y gratuito.
Por idéntica razón se pasa a la justicia federal, en todo el país, excepto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se modifica el artículo 34º de la aludida ley de estupefacientes, respecto de la competencia cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis, destinados directamente al consumidor.
Asimismo, la ley citada, para eliminar posibles planteos de nulidades y dilaciones, incluyó en su artículo 3º la decisión de concentrar en la Justicia Federal cuando la causa tuviera “conexidad subjetiva con otra sustancia en dicho fuero”. Ello se completa con el artículo 4º, que señala que “en caso de duda sobre la competencia prevalecerá la justicia federal”.
Problemas
• Se ha notado una continuada merma en la cantidad y calidad de las causas iniciadas por las figuras delictivas más graves.
• Hay un impacto de la ley de desfederalización en lo atinente a la competencia federal.
• En un estudio estadístico sobre gestión de las causas, considerado a partir de información relevada por el Ministerio Público Fiscal en el período 2005-2008, se nota un impacto que hace foco en causas iniciadas en las fiscalías federales competentes en la provincia de Buenos Aires. La estadística se distribuye por tipo de delito y territorio, la que permite confirmar consecuencias negativas que se advertían en debates parlamentarios, así como en las evaluaciones de agentes destacados en la materia y en estudios realizados por organizaciones de la sociedad civil.
• Otras problemáticas asociadas a los estupefacientes tienen que ver con el impacto social, fracasos para reducir el consumo e impedimentos para construir una política criminal uniforme sobre la cuestión.
• Las estadísticas demuestran –por su obviedad-, que ciertas investigaciones no llegan a conocimiento de las fiscalías federales